Comunicado | Tuxtla Gutiérrez
Este jueves autoridades de los tres niveles de Gobierno y la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el lunes realiza una visita de trabajo a localidades de los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, intercambiaron información acerca de los avances para la atención de las medidas cautelares MC-882-17 y MC-284-18, mediante resolución de seguimiento 102/2021.
El evento fue encabezado por la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, quien a nombre del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, reconoció el compromiso del Estado mexicano con la protección y garantía de los derechos humanos y resaltó la relevancia de la presencia de la Comisionada, Esmeralda Arosemena, para constatar la situación que se vive en las comunidades de Los Altos, así como los trabajos que de manera coordinada se han realizado para atender las recomendaciones.
La Comisaria Gabriela Zepeda Soto, titular de la SSyPC, dio a conocer que esa institución realiza vigilancia aérea, además de operativos y patrullajes en los que participan la Federación y autoridades estatales y municipales con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de la implementación del programa de Canje de Armas que opera la Sedena.
Por su parte, la Comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó la fuerza y la voluntad de cada institución para lograr el objetivo en común: reconstruir la paz y el tejido social para el desarrollo, la subsistencia, el trabajo de la tierra, aseguramiento alimentario, la salud y la educación en esa región.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, dijo que el trabajo de la sociedad civil es indispensable para dar voz a las personas, ya que las medidas cautelares que datan de años atrás fueron gestionadas por organizaciones de la sociedad civil que se han acercado al Estado.
En esta reunión también estuvieron presentes: Misael Rojas Mejía, asesor en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el presidente por Usos y Costumbres en Aldama, Alonso Pérez Sántiz y el edil de Chalchihuitán, Jerónimo Luna Sánchez; Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario; la Fiscalía General del Estado; así como Jorge Anaya y Sandra Roldán, especialistas en Medidas Cautelares.
