La CNDH interpuso queja ante la corte porque se violan los derechos humanos de los deudores alimentarios
Agencia Excélsior
El empuje a la Ley 3 de 3 contra la violencia podría estancarse por la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó bajo el argumento de que proscribir electoralmente a los deudores alimentarios morosos estaría violando sus derechos humanos.
La impugnación de Rosario Piedra Ibarra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca desactivar la reforma aprobada por el Congreso de Yucatán que castiga las violencias que afrontan las mujeres, como es el abandono económico de los hijos.
Este recurso de la CNDH ha generado inconformidad en diversas organizaciones de mujeres que consideran que esa pretensión echaría por tierra los avances en favor de una paternidad responsable y del compromiso que los representantes populares y servidores públicos deben tener con la igualdad de género.
El deudor alimentario no puede acreditar un modo honesto de vivir porque está violando una sentencia que lo condena a pagar una pensión; ha incurrido en el delito del incumplimiento de obligaciones familiares”, argumentó la abogada Patricia Olamendi.
Claro que ese deudor tiene el derecho al trabajo, pero la CNDH no puede alegar discriminación cuando se trata de servidor público o representantes populares que tienen el deber constitucional de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos”, planteó la feminista.
Legisladores y gobernador de Yucatán hicieron suya la plataforma 3 de 3 contra la violencia que el INE y el Tribunal Electoral activaron en 2021 para que los partidos no postulen candidatos que adeudan la pensión de sus hijos o tienen acusaciones por acoso sexual y violencia contra las mujeres.
ES DISCRIMINATORIA
La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la reforma en Yucatán podría tener efectos en otras 7 entidades donde ya se legisló o se está en proceso de hacerlo para que no lleguen a las boletas electorales personas con denuncias y sentencias por esas faltas.
En el caso yucateco, la nueva legislación extiende la plataforma 3 de 3 más allá del ámbito electoral para que se aplique en todos los cargos de la administración pública estatal y en diversos órganos autónomos.
El argumento de la CNDH es que estas nuevas reglas excluyen sin justificación a las personas que se encuentren en ese supuesto, aun cuando no exista relación entre dicha situación y el adecuado desempeño de las funciones a realizar en esos cargos.
Alega Piedra Ibarra que esa ley transgrede el derecho de igualdad y no discriminación, al tiempo que atenta contra la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público.
VA PRIMERO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ: FEMINISTAS
Las colectivas feministas que impugnarán la acción de la CNDH alegarán ante la Corte que no puede violarse el Interés Superior de la Niñez que el Estado mexicano ha hecho suyo en el Cuarto Constitucional.
La exlegisladora feminista Dulce María Sauri declaró no entender el porqué de la impugnación de la CNDH, ya que desde hace más de cuatro décadas en Yucatán se castiga con cárcel al deudor alimentario moroso que suspende el pago por más de 90 días. “Porque pisan la cárcel y les sale la lana para pagar lo que deben por todos lados”.
La expresidenta del PRI consideró que defender este componente de la 3 de 3 es fundamental para contar con instrumentos que permitan superar la violencia doméstica a nivel estatal como es el incumplimiento de las responsabilidades familiares. “¿Qué nos puede decir de una persona el que no cumple con la pensión alimenticia? Si no cumple con algo básico, ¿cómo va a cumplir una representación popular o una función pública”, cuestionó.
Alertó Sauri que habrá un litigio estratégico ante el poder judicial de las mujeres organizadas.
