La Alta Comisionada indicó que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la reforma.
Agencia Excélsior
La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de la Unión en México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México.
Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», advirtió Al-Nashif.
Destacó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas», señaló.
La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la reforma.
Además expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de Reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
