Por Jorge Ceballos
Son muchos, quizá miles de personas que en Chiapas han medrado con el presupuesto público y muy campantemente andan recorriendo la entidad como si nada, disfrutando del dinero obtenido a su paso por la función gubernamental, creyendo que la justicia jamás les llegará, pero apostando más bien al olvido colectivo para ver si en una de esas logran volver a obtener un cargo dentro de cualquiera de los niveles de gobierno.
En Chiapas el pasado 13 de enero se fijó un precedente en cuanto a la imposición de un castigo hacia aquellos que usufructuaron de mala manera el presupuesto público que les tocó administrar. Ese día el Tribunal Administrativo inhabilitó durante 10 años al exalcalde de Jitotol Ramón Zea Suárez y a quienes fungieron como regidores durante el trienio 2015-2018.
El Procedimiento de Responsabilidad Administrativo resuelto por el Tribunal, tuvo su origen en la Auditoría Superior del Estado (ASE), instancia que detectó que la administración de Jitotol que encabezó Ramón Zea Suárez, desvió recursos públicos por un millón de pesos, contando para esto con el aval y complicidad del cuerpo edilicio de ese entonces.
Previo a la inhabilitación ordenada por el Tribunal Administrativo, Zea Suárez tuvo la oportunidad de solventar ante la ASE dicho faltando, sin embargo, como ocurre muchas veces, pensó que la justicia no lo alcanzaría y que su abuso de poder quedaría archivado en algún escritorio: craso error.
Ahora, además, de que durante 10 años no podrá laborar dentro de ninguna instancia gubernamental, junto con quienes fueron sus regidores, tendrán que restituir a la hacienda estatal un millón de pesos, lo que debería de encender las alarmas en aquellos que a su paso por las alcaldías han cometido desvíos de recursos y creen que no serán sancionados.
Justicia
La aplicación de las normas jurídicas vigentes en contra de quienes cometen abusos al amparo de una posición gubernamental, es en Chiapas una realidad, si bien es cierto que, en redes sociales o en la “comentocracia” hay quienes quisieran tener nombres de peces gordos que desde el punto de vista ciudadano han hecho del presupuesto público una kermés, la realidad es que muy pocos conocen cuantos procesos hay abiertos en contra de aquellos malos exservidores públicos.
Los ciudadanos y comunicadores debemos ser pacientes para que, cuando se culmine un procedimiento en contra de cualquier exservidor público se dé a conocer, mientras no hay manera de enterarnos de estos procesos, porque la autoridad, en este caso la ASE violaría la secrecía de la investigación.
En todo caso, lo que nos debe de quedar más que claro es que, con la inhabilitación de Ramón Zea Suárez se le ha hecho justicia al pueblo de Jitotol, en el pasado era más que difícil que la ASE iniciara procesos en contra de este tipo de personajes, es más, muchos se sentían protegidos, apadrinados y con una patente para defraudar a sus municipios.
Ahora, los alcaldes sin importar partido político deben tener en cuenta que hay una verdadera impartición de justicia, pero más que eso, hay auditorías reales y no maquilladas a través de componendas inconfesables.
Esta acción se gestó desde la ASE a cargo de Uriel Estrada Martínez, así que aquellos exalcaldes y exservidores públicos que se sirvieron con la cuchara grande deberían de poner sus barbas a remojar, porque se está viendo que no habrá impunidad ni protección para nadie, y mucho menos importará quien los apadrine porque simplemente se tiene que hacer cumplir con la ley.
Sumado a Chiapas
Zoé Robledo Aburto tiene muy en cuenta que si quiere abanderar a Morena con miras a la gubernatura en 2024 debe tener presencia en Chiapas, por ello, a nadie debe extrañar que cada fin de semana se apersone en la entidad.
Entre sábado y domingo, el director general del IMSS mantuvo contacto con los chiapanecos, estuvo en Zinacantán en donde se dio tiempo hasta de echarse un caldo de pollo de rancho.
En este espacio hemos dicho que por Morena hay tres nombres con posibilidades de ser candidatos a la gubernatura: Zoé Robledo, Eduardo Ramírez Aguilar y José Antonio Aguilar Castillejos, los dos primeros por sus responsabilidades habitan en la capital del país, en tanto el delegado de los programas federales del Bienestar es el que tiene mayor presencia en Chiapas.
A diferencia de Eduardo Ramírez Aguilar, Zoé Robledo Aburto no presume una estructura fáctica, creada y pagada por los intereses económicos, el director del IMSS puede presumir que tiene contacto real con la ciudadanía, mientras que el actual senador de tanta gente que le meten a sus eventos que es más que seguro que ni recuerda de que habla con las personas que se le acercan.
Si la candidatura a gobernador se decidiera por militancia y protagonismo en la izquierda y únicamente fuera entre Zoé Robledo Aburto y Eduardo Ramírez Aguilar, el comiteco no tendría nada que hacer en esa lucha, porque mientras el senador llamaba traidor a López Obrador y defendía el modelo gubernamental instaurado por el PRI, el director del IMSS simplemente se enfrentaba desde el Senado de la República a todo lo que el otro defendía… Hasta la próxima.
