Comunicado | Tuxtla Gutiérrez
El Pleno de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso de Chiapas aprobó el dictamen que presentaron las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género relativo a la Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción sexta, al artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público.
En la sesión presidida por la diputada Sonia Catalina Alvarez abordaron tribuna los diputados Elizabeth Escobedo Morales, Floralma Gómez Santiz y Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.
La diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que el Poder Ejecutivo Estatal conjuntamente con el Poder Legislativo han implementado acciones institucionales con un enfoque transversal y progresivo, de igualdad y de Derechos Humanos, incorporando preceptos jurídicos y normativos provenientes del ámbito internacional y federal para encontrar el modo de instrumentar medidas efectivas en lo local. Por lo que hoy, con este esfuerzo -enfatizó- que realiza el Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, se armoniza nuestra legislación local con la federal.
Al respecto, la diputada Floralma Gómez Santiz señaló ante sus homólogos, que este día es un hecho histórico para Chiapas. “Hoy se garantiza la democracia de género, reivindicando la agenda feminista de las mujeres chiapanecas y sus derechos políticos electorales y representa un ejercicio de transformación y de Justicia. La política debe recuperar su valor moral para recuperar su legitimidad”.
El diputado Bonifaz Moedano sostuvo que el objetivo de la Iniciativa es que no existan violentadores de mujeres, niños, o desobligados que incumplan con el sostenimiento de su propia familia en el ejercicio de cualquier cargo público. “Ser funcionario público debe presuponer un gran compromiso social y familiar de respeto y de cuidado por los demás” enfatizó.
El objetivo, coincidieron los legisladores, “es que todas las instituciones y la sociedad civil debemos trabajar conjuntamente para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia. Estableciendo en la ley -como causa de suspensión de derechos- para las personas que tengan: Sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada; delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos o, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
En segundo término, el pleno aprobó también el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida libre de Violencia para las Mujeres.
Para solicitar el voto a favor de dicha iniciativa abordaron tribuna los diputados Elizabeth Escobedo Morales y Carlos Mario Estrada Urbina, quienes señalaron que el objetivo es regular y garantizar la igualdad de género instrumentando disposiciones legales y mecanismos institucionales orientados a promover, proteger y garantizar la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado.
En ella, enfatizaron, se otorga la obligación al titular del Poder Ejecutivo de incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado la asignación de recursos municipales y garantizar así el cumplimiento de programas en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres; faculta también a la Secretaría de Igualdad de Género para coordinar y dar seguimiento a los programas para la transversalidad de la perspectiva y la igualdad de género.
En el desahogo de los puntos del orden del día, las y los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del estado de Chiapas.
Para exponer las razones de dicho dictamen, el diputado Raúl Bonifaz Moedano subrayó que “con la aprobación de esta reforma al Poder Judicial estaremos actualizando el marco normativo que garantiza el respeto de los Derechos Humanos- sin ninguna limitación- para su goce y pleno ejercicio, buscando la armonía con las normas emanadas del Congreso de la Unión así como, con los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar el derecho a la impartición de justicia”.
Finalmente la diputada Sonia Catalina Álvarez clausuró los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
