Con la reforma se garantiza que los integrantes de la Guardia puedan regresar a la milicia y se les respeten los derechos
Agencia Excélsior
El Senado aprobó ayer en comisiones un decreto de interpretación para garantizar la protección de los derechos laborales de los militares y marinos que están asignados a la Guardia Nacional, con lo cual los senadores conjuraron la amenaza de éxodo de militares que quieren dejar la Guardia, por temor a perder antigüedad, grados y prestaciones sociales propias de la Fuerza Armada Permanente.
Frente a las críticas de las senadoras Nancy de la Sierra, del PRI y Claudia Ruiz Massieu, que ayer estuvo como legisladora sin grupo parlamentario, el panista Damián Zepeda explicó que sólo se trata de tranquilizar a las tropas militares que trabajan en la Guardia Nacional, pero de ninguna manera se toca la Constitución y reiteró que hay un rechazo firme a la militarización de la seguridad pública desde la Carta Magna.
Damián Zepeda reveló que esta propuesta surgió de los propios senadores, después de escuchar las inquietudes de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.
Abiertamente, el general secretario (Cresencio Sandoval) planteaba un problema. Él lo que dijo es que tenemos un problema, porque los elementos que están en la Guardia Nacional, que son más del 80%, pues se quieren regresar, porque creen que a raíz de la resolución de la Corte, que dice que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es correcto, creen que van a perder sus prestaciones y no se quieren arriesgar.
Nosotros (senadores) les decíamos que no es cierto, pero él decía que no se entiende así. No fueron ellos quienes pusieron en la mesa esto, sino que nosotros comenzamos a buscar que sin realizar una reforma diéramos claridad a lo que ya habíamos votado en 2019”, precisó el panista.
Para Emilio Álvarez Icaza, el decreto de interpretación, sin embargo, incluye conceptos laborales que no están en el tercero transitorio de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.
Me parece que estamos yendo más allá y por eso mi preocupación de que por la puerta de atrás se esté burlando y haciendo omisión de lo que la SCJN resolvió recientemente”, alertó y planteó que dado que la Constitución dice que un decreto de interpretación debe seguir la misma ruta del decreto al que se refiere, el pleno del Senado necesita el voto de la mayoría calificada para concretarlo.
De igual manera, reveló que el dictamen contiene una mentira, como lo informó ayer Excélsior, pues dice que se basa en una iniciativa presentada el 6 de diciembre, pero la cual no existió en la Gaceta del Senado, ni en las minutas turnadas a comisiones, ni en los micrositios de los senadores que la firmaron; “apareció hasta la mañana de este martes”, precisó Álvarez Icaza y criticó la irregularidad del procedimiento legislativo.
Desde su cuenta en redes sociales, la priista Claudia Anaya expresó su confianza en que una vez que se apruebe este decreto de interpretación, los militares dejen de insistir en que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo de seguridad militarizado y se mantenga totalmente civil, como se aprobó en la Constitución.
