La SEP acató la orden de un juez y ya se encuentra realizando los trámites para la evaluación
Agencia Excélsior
Tras la lucha de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Educación Pública (SEP) acreditó ante un juez estar en el proceso de realizar el pago de 181 mil 216 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el fin de que la prueba PISA sea aplicada a estudiantes mexicanos.
Derivado de un amparo presentado por el movimiento Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó mediante una suspensión definitiva a la SEP llevar a cabo todos los trámites y gestiones para garantizar que la prueba se realizará.
Luego de varios días de incertidumbre, el movimiento informó que “la suspensión definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del amparo 840/2024, fue acatada por la SEP”.
Al respecto, el abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas Miguel Ángel Ortiz Gómez consideró que el cumplimiento de la suspensión definitiva por parte de la SEP abona a la construcción del Estado de derecho considerando que el derecho humano a la educación debe privilegiarse de manera corresponsable por las autoridades y sociedad civil.
En tanto, Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, llamó a la SEP, y en particular al equipo de transición de la virtual ganadora a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a trabajar de manera coordinada y corresponsable en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030.
Destacó que Educación con Rumbo pone a disposición de las autoridades toda la infraestructura técnica y humana a fin de trabajar de manera corresponsable en la construcción de las políticas públicas que México requiere en materia de educación.
