Valadés dice que los juzgadores deben actuar sin sesgos ideológicos; llaman a evitar confrontar al pueblo
Agencia Excélsior
Con un llamado a evitar un retroceso en materia de impartición de justicia, y considerar la independencia judicial y la división de poderes como un eje central de la discusión, al ser garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí inauguró ayer lunes los foros Reforma Constitucional en materia de Justicia.
Diego Valadés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que comprometer la independencia de los poderes judiciales federal y locales dejaría sin defensa los derechos fundamentales en el país, sería una derogación parcial de las garantías constitucionales y contravendría acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
El emérito planteó que seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverán los problemas existentes y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas.
Nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de honorabilidad y de capacidad de los elegidos, la elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia, una elección expone a candidatos a presiones políticas, este no es un escenario ideal para los juzgadores”, apuntó.
Además en México muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes. Es inexplicable que se pretenda someter a los juzgadores a esos intereses y peligros”, acotó.
Reiteró que la elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder y si eso se produjera sería inevitable un desenlace adverso para los derechos fundamentales en México.
En un Estado constitucional la fractura de los equilibrios institucionales genera entropía, la justicia como función del Estado consiste en dirimir los conflictos con lealtad a la ley, actuando en forma independiente, objetiva, imparcial, diligente, transparente y honesta. La independencia de los juzgadores es un derecho de los justiciables. Los juzgadores deben actuar sin sesgos ideológicos, la justicia no se imparte poniendo al pueblo contra el pueblo. En el Estado constitucional el poder político respeta a los juzgadores, los tribunales no deben convertirse en pequeñas asambleas políticas. Quien derruye las instituciones para los demás, las derruye para sí mismo”, alertó.
Al respecto, el rector Leonardo Lomelí destacó que nuestro país optó hace dos siglos por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, en los que ha habido una evolución política azarosa y si bien aún queda pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes, no puede haber retrocesos en la materia”.
Lomelí expuso que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.
Dijo que también es relevante fomentar la participación ciudadana en este proceso de reforma pues la sociedad civil debe estar involucrada activamente en la creación de un sistema de justicia efectivo.
Los foros se conforman por siete mesas que concluirán el próximo 1 de agosto.
