La iniciativa presidencial incluye ideas contrarias al derecho internacional, alerta Margaret Satterthwaite, relatora especial
Agencia Excélsior
La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México que, dijo, “podría socavar la independencia de la judicatura mexicana, en caso de ser promulgada sin modificaciones sustanciales”.
En una comunicación dirigida al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la funcionaria refirió algunas de estas propuestas contrarias al derecho internacional de contar con organismos de justicia autónomos, contrapeso del poder, como es el llevar a cabo una elección popular para designar a nuevos jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña.
Recordando que uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos, tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México.
Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dijo.
Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de la totalidad del paquete de iniciativas de reformas, ni del desempeño histórico del Poder Judicial mexicano, aclaró, se trata de mostrar el posible impacto que tendrían las propuestas en la independencia judicial y en su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales.
En el caso de la elección popular de jueces, explicó que pese a que el derecho internacional no marca un procedimiento específico de nombramiento y selección de jueces, sí exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva.
Apuntó que los procesos de nombramiento deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar una judicatura independiente como el ser elegidos con base en su formación y calificaciones, así como en su integridad e idoneidad.
La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.
Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad”, aseveró.
