Esta acción se volvió en un obstáculo para continuar realizando proyectos para llevar el recurso a más zonas
Agencia Excélsior
En un predicamento se encuentran los municipios que no cuentan con oficinas operadoras del agua en el estado de Veracruz ante los pagos por validaciones y dictámenes técnicos que deben entregar a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, que se han convertido en un obstáculo para continuar realizando obras para las redes de agua, que actualmente son muy necesarias para poder abrir más redes de abastecimiento.
El 25 de diciembre de 2023 fue publicado en la Gaceta Oficial el acuerdo 32/2023 para el incremento en el cobro de 20% para la expedición del dictamen técnico operativo, con base en el costo total de la obra, así como 10% para el caso de las validaciones de proyectos relacionados con obras de agua potable, drenaje y saneamiento.
De esta manera, los municipios se verán impedidos para avanzar en más redes que lleguen a más municipios.
En Veracruz sólo hay 67 oficinas municipales operadoras del agua y algunas ofrecen servicios no sólo a sus municipios, sino a los de la región, pero son menos los que se han adherido; en este año, el estiaje fue de tal magnitud que hubo problemas que derivaron en desalojos, confrontaciones y hasta hubo dos fallecidos por la falta de una red que suministre el servicio a un mayor número de habitantes en la entidad.
Pero, a pesar de la necesidad de más y mejores redes de agua, lo que sucede es que se han inhibido las obras. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) recientemente hizo un llamado a las autoridades para que sea reconsiderado este cobro, pues señala que en años anteriores se registraron más obras, pero en este 2024 disminuyeron ante estas nuevas disposiciones porque aparentemente son incosteables y no estaban contempladas en los presupuestos.
A este llamado se han unido otras cámaras empresariales y expertos en el tema del agua, quienes consideran que se debe atender la necesidad de la población y a la par se debe observar cuál será el destino de este cobro, pues hay una gran deuda con el tema ambiental.
En vez de estimular a los municipios que mayor servicio brindan a la mayor población posible, los castiga en el costo de sus validaciones y en el costo de sus dictámenes técnicos, pero esto todavía aunado, la tardanza cada día es mayor para que extiendan los dictámenes y las validaciones”, explicó el empresario Rafael Fernández de Lara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la región.
Y es que dijo que los municipios que se han preocupado por extender las redes de abasto deberían estimularlos para que hagan mejoras y no se vivan conflictos como los que ya surgieron en tiempos de seca.
Definitivamente debemos pedir que se haga conciencia y a los ayuntamientos, si les tienen que cobrar, que sea algo muy razonable, y me refiero en razonable a barato, bajo o que regresen las tarifas al 1 o al 2 por ciento, que no sea gravoso porque limita el costo y cada día, por efectos de inflación, las obras salen mucho más caras y entonces el golpe es mucho más duro”.
En los municipios donde hay organismos operadores, están exentos de este pago, pero aun así las obras que independientemente haga un ayuntamiento fuera de estas administradoras del agua entonces deben pagar estos derechos.
Tan sólo en Xalapa hay un proyecto para perforar seis pozos profundos en la región de El Castillo para trasladar agua a la capital del estado y no pasará por el organismo operador, la perforación y construcción de pozos y luego la inversión para trasladar el agua será una inversión importante de bombeo porque está en una zona baja.
Definitivamente deben corregir y premiar a los ayuntamientos que más población atiendan”, explicó el empresario constructor.
AFECTA A LOS CONSTRUCTORES
Los constructores reconocen que el costo de los permisos que realiza la Comisión Estatal del Agua de Veracruz afectará en gran medida el trabajo que les contratan. Explicaron que si un proyecto estaba en un millón de pesos, deberán dejar 100 mil del cobro de derechos, porque entonces ya sólo serán 900 mil de inversión e impacta la reducción de metas.
Lo que cuestionan es que si un ayuntamiento cuenta con una oficina operadora del agua y es la que supervisará los proyectos que realizan, cual es el fin de cobrarle los elevados porcentajes de aranceles.
Aquí tal parece que justificaron un bono de despedida, pero no lo quieren mencionar”, expresó Remigio Zayas, un contratista independiente que señaló que de esta manera lo único que generarán es que bajen la calidad de las obras porque tendrán que ajustarse a los presupuestos existentes.
Es enajenante que la propia autoridad estatal no estimule que los ayuntamientos sigan generando obras para la dotación de agua, sino que encima estrangulan a las municipalidades y, por así decirlo, a quienes le hacemos el proyecto. Increíble porque con estos contratos generas trabajo. No lo piensan así, jalan más dinero”, expuso.
Considera que, si es una obra de 160 millones de pesos, en el porcentaje que se tiene que pagar por derechos se queda un recurso importante sólo por validación del proyecto y limita el servicio a más usuarios. merma económicamente a los ayuntamientos.
Recordemos que hay una agenda 20-30 que maneja el gobierno del estado, que es a nivel mundial, donde se maneja la sostenibilidad de todas las comunidades. Entonces, por qué el gobierno no está otorgando esas facilidades para que podamos llenar esa agenda, no hay lógica. Es lacerante”.
Cabe mencionar que, aunque se trató de contactar con algunos ayuntamientos para hablar del tema, evadieron hacer una declaración ante el temor de que no les sean validadas las obras, porque además lo que están señalando los constructores es que hay una demora importante en cada solicitud.
¿PARA QUÉ SIRVEN ESOS COBROS?
La aplicación de cobros o porcentajes como un pago de derechos impacta en el consumidor final, en este caso la población veracruzana que recibe el agua; sin embargo, al ser un organismo público lo cuestionable es para qué se va a utilizar ese recurso, expuso Martín Quitano, expresidente del Sistema Estatal Anticorrupción y activista.
