Morena espera democracia popular, la oposición augura crisis institucional
Agencia Excélsior
Con 22 votos a favor de Morena, PVEM y PT avanzó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la reforma que, en junio de 2025, comenzará a renovar al Poder Judicial Federal (PJF) con la elección por voto universal de jueces, ministros y magistrados.
Los 17 representantes del PAN, PRI y MC votaron en contra y alertaron que, de concretarse este cambio, se cometería una injusticia sin proporciones al llevar al despido a miles de sus trabajadores y se le abriría la puerta a una crisis institucional.
Por el contrario, la coalición legislativa gobernante celebró que esta reforma obligará a los juzgadores a responder a los intereses del pueblo; enfatizó que será gradual y escalonada, y que los derechos laborales serán preservados.
Es algo nuevo, hay que intentar… A ver si mejoramos el Poder Judicial Federal; ésa es la intención”, afirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena).
Justificó, además, la ampliación del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral hasta finales del 2027 porque se necesita que califiquen el relevo de los juzgadores.
PUEBLO VS. OLIGARQUÍA
¡Prefiero que se equivoque el pueblo, a estar sometido a la oligarquía y a que sea la oligarquía la que siga mandando en el Poder Judicial!”, resumió el diputado Marcos Rosendo Medina (Morena).
No todo se soluciona mandando a voto popular. Acuérdense bien que, por aclamación, el pueblo decidió y prefirió que crucificaran a Jesús para salvar a Barrabás”, reviró el diputado Jorge Triana (PAN).
El debate para fijar posturas se prolongó por 7 horas. Posteriormente, inició la exposición de las reservas, de las que se tenían 330 registros.
Sin embargo, como ha sucedido con los 16 dictámenes del llamado plan C que hasta ahora salieron adelante, sólo se prevé que sea aprobada la modificación sugerida por el presidente López Obrador sobre la protección a jueces que lleven casos vinculados con la delincuencia organizada.
La reforma está diseñada para romper los acuerdos cupulares que marcaron la era de los gobiernos neoliberales”, expuso Adriana Bustamante (Morena).
DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO
Si queremos corregir el acceso a la justicia estamos viendo a la institución equivocada y si no explíquennos el cochinero que hay en la fiscalía de Sinaloa”, contrastó Paulina Rubio (PAN).
Los parlamentarios de oposición también cuestionaron la desaparición del Consejo de la Judicatura que sería sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, al que calificaron como persecutorio, comparándolo con “el Santo Oficio”.
Acción Nacional adelantó que impulsarán una resistencia social y jurídica para parar la reforma, y que habrán de acudir a tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En voz de la diputada Laura Haro, el PRI confió en que la última palabra no radica en la mayoría oficialista, sino que todavía está por verse lo que suceda en instancias internacionales en tanto México tiene compromisos internacionales qué cumplir.
Les decimos no a la transgresión de la independencia judicial, a la violación al principio de división de poderes, a la simulación y decimos no a la cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo”, advirtió Héctor Saúl Téllez (PAN), quien presentó un voto particular que contiene un dictamen alternativo y que tendrá que consultarse en el pleno cuando la reforma sea discutida en la siguiente legislatura.
25 BOLETAS EN CDMX
El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, mostró las complicaciones que tendría la votación en 2025 y propuso hacer un simulacro para que se den cuenta que se trata de un futuro ejercicio que resulta imposible. Y ejemplificó que, en la Ciudad de México, tendrían que llenarse 25 boletas para seleccionar 4 mil 125 nombres y se deben de inscribir 640. “¿Cuánto va a durar el proceso?”, cuestionó.
Ilustró que, en el caso de Nuevo León, en 2027, “van ustedes a entregar 21 boletas electorales, entre ellas la de gobernador, diputados locales y alcaldes, y van a tratar de seleccionar a más de 700 cargos, entre cuatro mil 500 candidatos”.
Y alertó: “La reforma, de concretarse, nos llevaría a una crisis institucional”.
En referencia al método de elección de los jueces, Margarita Zavala (PAN) lo calificó como “verdaderamente ridículo” y previó que generará confusiones.
Respecto a las cartas de los vecinos que los aspirantes podrán presentar para convertirse en candidatos y a la tómbola que se les aplicará para depurar la lista de quienes estarían en las boletas, la panista ironizó que sería “una kermés”.
En el debate, representantes de la coalición gobernante se enfrentaron a los de la oposición cuando hubo referencias despectivas sobre la ministra presidenta de la Suprema Corte.
Dirigiéndose a panistas y priistas, el diputado Óscar Catón Zetina (Morena) los recriminó así: “Ustedes están ciegos, torpes, apátridas para acabar pronto, y muy alejados de la realidad, por eso vienen a defender a la Piña (…) ¿Por qué no me platican de la reunión que tuvo la Piña con Alito (Alejandro Moreno)?”.
La diputada Paulina Rubio (PAN) reclamó que el morenista había incurrido en violencia política de género en contra de la titular de un poder de la República. “Es la ministra Norma Piña, aunque le cueste más trabajo”.
El vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy Rangel, justificó el tono de su compañero: “A nuestra candidata le llamaron narcocandidata y eso no es sólo una falta de respeto”. La diputada Irma Juan Carlos (Morena) lo secundó: “No hay violencia en razón de género, se trata de una discusión. Si se van a llevar, que se aguanten”.
También la exintegrante de la bancada de Morena y ahora diputada independiente, Susana Prieto, reclamó sufrir violencia porque se le negaba el uso de la palabra. “¡Me tienen hasta la madre!”, se quejó.
Expuso que con sus 40 años como abogada laboral podía dar fe de que jueces y magistrados federales era lo mejor que el país había construido para impartir justicia. “Estoy en contra de una iniciativa que va destruir la independencia del Poder Judicial y va dejar indefensos a los más pobres del país”, planteó.
Los morenistas fueron reiterativos en enviar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del PJF.
La diputada Guadalupe Chavira (Morena) descalificó las movilizaciones de jueces y magistrados: “Lo que hoy está pasando en el Poder Judicial es una huelga política; la ministra presidenta los está llevando al despeñadero, en su desesperación”.
