El juzgador argumentó que, de una revisión preliminar al dictamen de reforma, se aprecia que puede violar los derechos de los cuatro jueces que promovieron el amparo.
Agencia Excélsior
El juez Tercero de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto concedió la segunda suspensión definitiva que busca impedir que se concrete la reforma judicial, aprobada por Morena en la Cámara de Diputados, pero pendiente en el Senado y los congresos estatales.
«Se concede la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en los incisos d) y e), a fin de que las autoridades responsables que constituyen el Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo y en el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente»
El juzgador argumentó que, de una revisión preliminar al dictamen de reforma, se aprecia que puede violar los derechos de los cuatro jueces que promovieron el amparo, ya que algunos de ellos, o todos, perderán su cargo si no participan y ganan en la elección de junio de 2025, en la que se pretende renovar a la mitad de los juzgadores federales.
«Del análisis preliminar del referido artículo segundo de las disposiciones transitorias, en relación con el precepto 97 Constitucional, se advierte una posible violación al derecho de inamovilidad de las personas juzgadoras quejosas, así como a los derechos humanos de audiencia previa, y acceso a un recurso efectivo»
El amparo de Chiapas también alega que cuando el dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el pasado 26 de agosto, ya había caducado su facultad para hacerlo, pues la iniciativa Presidencial para la elección de todos los jueces del país por voto popular, fue recibida desde el 5 de febrero.
Cabe destacar que la suspensión es distinta a la otorgada esta semana por una jueza de Cuernavaca, que ha pretendido prohibir a ambas Cámaras del Congreso seguir debatiendo la reforma, orden que ha sido ignorada por los legisladores.
