Los dueños de empresas fantasma que utiliza el gobierno de Veracruz están inscritos en programas sociales
Agencia Excélsior
Con una elaborada red de 227 empresas fantasma creadas entre 2019 y 2022 cuyos representantes legales son jóvenes inscritos en los programas sociales que otorga el gobierno de Veracruz, la administración de Cuitláhuac García Jiménez ha desviado más de 5 mil millones de pesos del erario.
El modo de operar de los funcionarios de las Secretarías de Salud de Veracruz (SESVER), Infraestructura y Educación es otorgar contratos directos a personas físicas y empresas constituidas con direcciones de domicilios particulares, terrenos baldíos e incluso tiendas de abarrotes en colonias populares.
De acuerdo con documentos en poder de Grupo Imagen, los nuevos “empresario” son empleados del estado o beneficiarios de programas sociales, sin experiencia previa en la constitución o manejo de una empresa.
Las irregularidades se han encontrado en la Secretaría de Salud de Veracruz que entregó de manera directa contratos millonarios por la prestación de servicios, cómo es el caso de Misael Carmona Medina de 29 años, beneficiario del programa Jóvenes construyendo el futuro a quién le pagaron 22 millones 904 mil 224 pesos para el rubro de mantenimiento a equipos médicos.
Algo que debe de llamar la atención de las autoridades hacendarias, es la presentación de documentación falsos para darse de alta en el sistema tributario, como proveedor de los servicios de mantenimiento a equipos médicos, debido a que a través de un rastreo en el portal de Hacienda el RFC que ha proporcionado para la facturación del servicio aparece incorrecto.
Un caso similar es el de Bethy Torres Hernández, de 23 años, empleada de la propia Secretaría de Salud quien tiene el cargo de “Promotor en Salud” cuyo sueldo bruto mensual, es de 16 mil 073 pesos, además de ser beneficiaria de una beca de CONACYT.
A Torres Hernández la SESVER, le asignó un contrato de un millón 092 mil 799.99 pesos “Relativa la contratación del servicio de mantenimiento correctivo urgente por contingencia COVID-19, equipos electromédicos y electromecánicos de la Red estatal de hospitales de Veracruz”.
La punta de la corrupción y desvío de recursos de la Secretaría de Salud de Veracruz, son los 39 contratos por 100.9 millones de pesos que recibió la profesora Araly Rodríguez Vez por cuatro dependencias de gobierno: La Secretaría de Salud, el DIF estatal, el Instituto Tecnológico de Perote y los más recientes con la Secretaría de Seguridad de Veracruz.
60 millones se entregaron por medio de la secretaría de Salud, 40 millones de la secretaría de Seguridad Pública, en una vende uniformes, en otra, vendía implementos, batas, implementos para para doctores y adicionalmente vendió despensas.
Rodríguez Vez presentó el RFC OVA760547X2 que, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Hacienda, es incorrecto y la dirección fiscal Prolongación de las Flores 75, Los Sauces, Poza Rica, Veracruz que es la dirección de una modesta tienda, con esto se identificó como la proveedora 32804 de la Secretaría de Finanzas y logró los contratos vía adjudicación directa.
En el rubro de empresas, una de las que más beneficiadas es la empresa Catoch Constructora, Comercializadora y Proyectos Integrales, S. A. de C. V., cuyo dueño es el político de extracción morenista Baruch García Bocarando constituyó en octubre de 2021, en los siguientes dos años sumó 31 millones 803 mil pesos en contratos públicos con la Comisión del Agua del estado, la Secretaría de Salud y el municipio de Misantla.
Entre los accionistas de la empresa está Stephanny de 22 años y quien aparece como beneficiaria de la Beca para Estudiantes de Nivel Medio Superior, y como representante legal Marisol “N”, las dos proporcionaron domicilios fiscales en casas particulares donde no las conocen.
En otros casos emblemáticos, está la empresa Cominsh S.A de C.V Comercializadora de productos al por mayor, cuya administradora única es Maricela Luna Martínez, con dirección fiscal en Cofre de Perote 487 de la colonia Los Volcanes, dirección que se ubica en un fraccionamiento popular de Veracruz.
El desvió de cinco mil millones de pesos de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, son triangulados a través de las 227 empresas “factureras” que a través de contratos que van de 500 mil pesos o millones de pesos se busca borrar las huellas para dar con el paradero del dinero del erario que ha desaparecido desde el inició de la actual administración.
