La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo debilitan a las instituciones de justicia en México, señala el estudio Hallazgos 2023, de México Evalúa
Agencia Excélsior
A nivel nacional, 96.3% de los delitos denunciados e investigados en el fuero común quedan impunes, pero los mayores índices se registran en los delitos de alto impacto, reveló México Evalúa.
En su reporte Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, la organización indicó que los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%).
En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó en narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%)”, apuntó.
Las entidades federativas con los mayores niveles de impunidad son Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%), mientras que los menores índices los registraron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%).
Involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos, advirtió, distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva.
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los tomadores de decisiones en dos sentidos. Primero, para que las políticas públicas de seguridad y de justicia estén alineadas y centradas en el respeto a los derechos humanos, les pido a nuestras autoridades que no renuncien a los derechos humanos”, dijo durante la presentación Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
Su segundo llamado fue a que no decaiga el acceso al derecho a la información. “Tenemos en juego la existencia del Inai. Gracias a su plataforma y a que ha hecho realidad el derecho de acceso a los ciudadanos es que organizaciones como México Evalúa podemos hacer este tipo de evaluaciones. Nos preocupa sobremanera que desaparezca sin una infraestructura que pueda hacer efectivo este derecho”, agregó.
Los mecanismos alternativos de controversias sólo se utilizan en 6% de los casos, por lo que para contrarrestar la impunidad en los delitos es necesario poner atención en la priorización de los casos en las fiscalías.
Los procesos penales más rápidos fueron mediante acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio, mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días, cuestionando así el acceso a una justicia pronta y expedita”, detalla.
El reporte indica que las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importa ntes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso.
En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022”.
