Tanto los comités del Poder Legislativo como del Ejecutivo no son claros sobre quiénes y a qué puestos se están postulando para renovar al Judicial
Agencia Excélsior
En medio de la opacidad, a pesar de haber ofrecido transparencia plena, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo informó que ya tiene dos mil 740 aspirantes inscritos a las 881 plazas de jueces federales, de los cuales deben seleccionar a mil 793 para que vayan a la votación en urnas; es decir, que a siete días de vencer el plazo de inscripción tiene un promedio de 1.5 aspirantes por plaza.
Sin embargo, no es imposible conocer cuáles son las plazas más demandadas, porque el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no hace públicos ni los nombres ni los números de las personas que se interesan en ser ministros de la Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito, jueces de distrito o magistrados de disciplina.
Hasta el momento el único Comité de Evaluación que ha sido totalmente transparente es el perteneciente al Poder Judicial, pues puede consultarse el reporte diario de inscripción. Hasta el 15 de noviembre –el fin de semana y el lunes de descanso obligatorio no hubo reporte–, tenía registrados 134 aspirantes; de ellos, 86 para jueces de distrito, 37 para magistrados de circuito, siete para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Poder Ejecutivo federal tiene el Comité de Evaluación más opaco, porque además de que ni en la página web de la Presidencia de la República ni de la Secretaría de Gobernación existe algún espacio para el Comité, como sí existe en los poderes Judicial y Legislativo, no ha dado información sobre el número de registros que tiene.
El Poder Legislativo tiene un Comité de Evaluación que al tomarle protesta a sus integrantes los presidentes del Senado, Gerardo Fernández, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, les pidieron ser lo más transparentes posible; sin embargo, hasta el momento no hacen público ningún reporte y sólo el presidente del Senado, Gerardo Fernández, informa sobre la cifra de inscritos, sin especificar cuántos de ellos van a qué cargo.
Y, de manera extraoficial, los integrantes del Comité informan la cifra de registros, pero según sus explicaciones, no pueden dar a conocer ni nombres ni número de aspirantes por cada cargo, porque aún no hacen esa clasificación.
Cada uno de los tres poderes de la Unión debe presentar un total de mil 793 candidatos a juzgadores federales, para hacer un total de cinco mil 379 candidatos a 881 plazas.
Para el caso del Poder Legislativo, sólo por la cifra de dos mil 740 inscritos, es posible detectar que ya tiene un promedio de 1.5 aspirantes por cargo; pero al no conocerse cuántos candidatos tiene cada cargo, no es imposible saber con precisión si el promedio refleja la realidad; es decir, que la mayoría de los inscritos puede concentrarse en algunos cargos y otros estar lejos de lograr el universo para hacer la evaluación de los mejores perfiles.
De acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial, que dio pie a este proceso, y a las leyes que la regulan, no existe disposición alguna que prevea la imposibilidad de que alguno de los tres poderes no complete el número de candidatos que debe registrar, como ocurre con el Poder Judicial, que lleva 134 y necesita al menos mil 793, y eso, para pasarlos en automático a la elección.
REACTIVA TEPJF COMICIOS
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por tres votos a favor y dos en contra, sentenció que los jueces de amparo no pueden suspender la organización de la elección del Poder Judicial y, por lo tanto, sus suspensiones y sanciones no tienen efectos, debido a que la Constitución expresamente indica que los amparos no son procedentes en materia electoral.
Con esto, decretó una garantía de continuidad al INE y al Senado para que realicen con certidumbre jurídica las actividades de la organización de los comicios para 2025 y advirtió que con esta sentencia no invaden competencias ni resuelven el fondo de los amparos otorgados por los juzgadores que los han emitido.
Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de alguna de las etapas del Senado, del INE y de todas las autoridades competentes que participen en su organización y preparación”, leyó la presidenta de la Sala Superior Mónica Soto, al dar a conocer la sentencia.
Agregó que “el Senado, el INE y demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puede suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento…”
El magistrado Felipe Fuentes Barrera explicó que esos juzgadores no pueden intervenir en el proceso de organización y sus amparos otorgados carecen de validez, no tienen ningún efecto y consideró que la Sala Superior debía “remover” cualquier obstáculo que impida o plantee incertidumbre a las autoridades para organizar el proceso.
-Aurora Zepeda
