Por Doctorando Julio César Cué Busto
Antes de la llegada del polígrafo a México, en los años 80, logré aprobar los exámenes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, lo cual no era tarea fácil. Posteriormente, fui víctima de los poligrafistas en varias decenas de ocasiones, lo que me llevó a realizar una intensa investigación durante años, les comparto la información más interesante en tres partes.
Las obras impresas sobre el polígrafo son escasas; he leído casi todas. Además, haber presentado tantas veces esta evaluación me ha dado el conocimiento necesario para opinar del tema. En varias ocasiones, al resultar “no apto”, no siempre representó un cerrar de puertas: en algunos casos, me firmaron una “responsiva”, un documento que funciona como autorización provisional de acceso a la institución y que es avalado por los mandos superiores de la corporación.
Mi primera experiencia con el polígrafo, fue en la Procuraduría General de Justicia del extinto Distrito Federal, cuando desempeñé el cargo de Fiscal Central de Homicidios. En ese entonces, intenté que varios juzgados penales del Tribunal Superior de Justicia de la hoy llamada Ciudad de México aceptaran el examen del polígrafo como elemento de prueba, sólo un Juez aceptó su uso, pero únicamente como prueba circunstancial o indiciaria. Es decir, como un elemento que sugiere la posibilidad de ciertos hechos, sin que su resultado tuviera valor probatorio efectivo.
Programé la primera diligencia en la que se utilizaría el polígrafo para un sábado vistiendo ropa casual. Al llegar a las instalaciones, iba delante de los agentes policiales y del detenido, acusado de homicidio. Para mi sorpresa, la poligrafista me confundió con el acusado y, prácticamente abalanzándose sobre mí, me ordenó a gritos que me sentara. Se dio cuenta de su error al ver entrar al verdadero detenido, esposado. Este incidente me causó extrañeza, así que decidí quedarme a observar la prueba desde una cámara Gesell, donde podía ver y escuchar todo sin ser visto.
Durante el interrogatorio, la actitud de la poligrafista fue agresiva e intimidatoria. Amenazaba al detenido, diciéndole que, si no confesaba, le iría peor y aseguraba que el polígrafo no fallaba, por lo que debía admitir su culpa.
El procedimiento consistía sustancialmente en hacer que el interrogado reaccionara ante preguntas específicas, por ejemplo: ¿Mató usted a fulano con una pistola calibre .22? La respuesta debía ser sí o no. Luego, repetía la pregunta cambiando el calibre del arma (¿Mató usted a fulano con una pistola calibre .45?), y así sucesivamente, esperando que el acusado tuviera una reacción que registrara el aparato, cuando se mencionara el calibre real del arma homicida.
Lo curioso es que, en este caso, la averiguación previa ya contenía pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del detenido como autor material del homicidio, por lo que el polígrafo era innecesario. Sin embargo, el resultado de la prueba determinó que supuestamente al negar ser el autor material del homicidio que se investigaba estaba diciendo la verdad, al no haber tenido ninguna reacción durante la prueba.
Tiempo después, en otra averiguación previa, pedí que se aplicara el polígrafo a otro acusado de homicidio, un caso en el que también existían pruebas concluyentes. De nuevo, la prueba lo declaró inocente, a pesar de que ya había elementos suficientes para consignarlo ante el juzgado penal.
Una vez, en una conferencia sobre “Bandas criminales”, le pregunté al conferencista, un experto en seguridad de nacionalidad francesa ¿qué uso se le daba al polígrafo en su país? Su respuesta fue contundente: afirmó que en Francia no servía para nada, pues cualquiera con habilidad para mentir podía aprobarlo.
La última vez que me enfrenté al polígrafo decidí que, si íbamos a pasar un mal rato, sería tanto para la persona que me aplicaba el examen como para mí. Antes de que iniciara el primer interrogatorio —ya que son dos entrevistas, una sin estar conectado a los aparatos y otra cuando te colocan los cables para responder entre ocho y diez preguntas—, le advertí al examinador que no permitiría ninguna ofensa. Esto dificultó la prueba, y conforme transcurría la primera entrevista iba haciéndome comentarios muy agresivos, yo le recriminaba a la parte interrogadora por sus ataques.
Dejaremos pendiente el resto para la tercera y última parte. El objetivo es claro: que los lectores identifiquen rotundamente uno de los errores claves en el reclutamiento nacional de personal policial, de seguridad y justicia.
