Manuel Monroy | Tuxtla Gutiérrez
Dada la creciente incidencia de la exhumación ilegal y el tráfico de restos humanos en México, así como la insuficiencia de las sanciones actuales para disuadir esta práctica, resulta imperativo fortalecer el marco legal, señaló el diputado del PVEM, Fausto Gallardo García.
Ante este panorama, el legislador propuso reformar el Código Penal para incluir penas más severas a quienes practiquen esos ilícitos, para así garantizar la protección de la dignidad postmortem y el derecho de las familias a la integridad de los restos de sus seres queridos.
Dijo que en México, estas prácticas han pasado de ser incidentes aislados a convertirse en un problema estructural con consecuencias legales, sociales y culturales.
«Investigaciones periodísticas han documentado la existencia de un mercado negro de restos humanos en el país, donde se comercializan huesos y osamentas por precios que van desde los 200 pesos por un dedo hasta los 35 mil pesos por un esqueleto completo (Clarin 2023)», reveló.
Afirmó que la Ciudad de México es una de las entidades con mayor incidencia de este delito. En panteones como el de San Lorenzo en Iztapalapa, se han documentado múltiples casos de saqueo de tumbas y venta de restos humanos, en los que empleados de cementerios han estado involucrados (Clarin 2023).
Gallardo sostuvo que la situación que se suscita en los panteones de la capital del país, así como de otras entidades federativas, ha trascendido a los medios digitales, siendo la red social Facebook un espacio donde más interactúan quienes buscan restos óseos humanos y quienes los comercializan.
Este fenómeno ha encontrado un nuevo canal de comercialización a través de redes sociales. Investigaciones periodísticas han revelado que Facebook es un punto clave para la venta de huesos humanos, donde basta con publicar una búsqueda en grupos de santería para recibir ofertas de restos óseos recién exhumados (López de Rivera Hinojosa, 2023).
Consideró que el Código Penal Federal es la herramienta fundamental para castigar estos delitos y preservar la dignidad postmortem. Actualmente, su artículo 280 establece penas de tres días a dos años de prisión y multas de treinta a noventa días para quienes exhumen un cadáver sin cumplir los requisitos legales o con violación de derechos.
Sin embargo, esta disposición es insuficiente ante el creciente tráfico de restos humanos y la sistematización de su comercialización en mercados clandestinos.
