Falta información sobre los sueldos y las declaraciones patrimoniales de los funcionarios estatales, incluyendo la mandataria; detallan participación en empresas
Agencia Excélsior
Actos de corrupción, ocultamiento del presupuesto y omisiones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas son parte de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia Calderón, quién oculta el monto de su salario a pesar de que está obligada por ley.
Cabe recordar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todos los servidores públicos a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses al inicio de su carga, durante su ejercicio y al concluirlo.
Sin embargo, una búsqueda reciente en la Plataforma Nacional de Transparencia confirmó la ausencia de información sobre los sueldos y las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del gobierno de Morelos, incluyendo a la gobernadora.
En la página oficial del gobierno de Morelos (https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/tematico/sueldos), únicamente aparece el sueldo de Margarita González Saravia Calderón cuando fungía como directora general de la Lotería Nacional. De acuerdo con una nómina del 12 de diciembre de 2022, González Saravia Calderón percibía un sueldo bruto de 161 mil 439 pesos mensuales en ese cargo.
Sin embargo, en la misma plataforma no hay rastro de los sueldos o declaraciones patrimoniales de los miembros de su gabinete de primer nivel, una omisión que contraviene directamente las obligaciones en materia de transparencia.
La única declaración patrimonial disponible de Margarita González Saravia Calderón revela que la mandataria posee participaciones en tres empresas:
MGS Operadora Turística SA de CV: tiene el 51% de participación. Inmobiliaria Río Verde Las Estacas: posee el 10% de participación y reporta ingresos de 40 mil pesos.
Gosarca SA de CV: también cuenta 10% de participación y recibe una remuneración de 10 mil pesos mensuales.
Antes de competir por la gubernatura, González Saravia Calderón reportó un adeudo por un crédito personal de 250 mil pesos, otorgado por la Caja Popular Mexicana.
La omisión de información sobre los sueldos y declaraciones patrimoniales de los funcionarios podría tener consecuencias legales. El artículo 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la falta de difusión de las obligaciones de transparencia es una causa de sanción para los servidores públicos.
Además, el artículo 33 de la misma ley señala que la omisión en la presentación de estas declaraciones puede derivar en sanciones administrativas que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
