Propone regular sobre entes públicos constructores y reducir adjudicaciones directas
Agencia Excélsior
La reforma presidencial en materia de obras busca inhibir los arreglos “extraoficiales” y la comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos y contratistas.
El proyecto de decreto enviado a la Cámara de Diputados el pasado jueves por Palacio Nacional toca un punto que fue controversial en el sexenio de López Obrador: la adjudicación directa.
Se propone reducir del 30% al 20% el monto para contratar al amparo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ello con la finalidad de disminuir el margen de discrecionalidad de las dependencias y entidades para llevar a cabo los procedimientos de contratación a través de las excepciones a la licitación pública”, se precisa.
Para darle mayor transparencia a los procesos se propone incorporar un mecanismo de intercambio de información denominado “diálogos estratégicos”, a fin de perfilar las mejores opciones para el gobierno, al tiempo que se genera confianza para los licitantes.
Llama a la atención que la propuesta de la Ejecutiva federal haga suyos los parámetros que se establecieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para evitar abusos en las obras que se realizan bajo la figura de “ contratación entre entes públicos”.
De manera que las directrices que se les dieron a los oficiales mayores de las secretarías de Estado en 2017 se incorporarán a la ley.
PIDEN JUSTIFICAR AL GOBIERNO CONSTRUCTOR
Esos parámetros se refieren a la elaboración de una investigación de mercado; a dejar, en claro que el lente público a contratar, ofrece las mejores condiciones; y que éste cuenta con al menos el 51% de los recursos técnicos, materiales y humanos que se necesitan para concretar la obra, sin necesidad de recurrir a terceros para ejecutarla, y que en todo caso éstos no excederán el 49 por ciento.
Con la intención de evitar simulaciones y dar certeza y coercitividad a los supuestos mencionados es que se consideró pertinente y necesario elevarlos a rango legal, por lo que esta iniciativa se propone su incorporación en la Ley de Obras Públicas”, se justifica en la iniciativa presidencial.
Se recupera en la reforma presidencial un parámetro relevante para cuando los entes públicos sean contratados por el propio gobierno para realizar obras:
Que los trabajos a contratar o servicio a prestar incida en el objeto o fin propio del ente público a contratar”.
Dicha modificación propuesta por la mandataria, abrirá en la Cámara de Diputados un debate, por parte de la oposición, respecto al rol constructor que han tenido las fuerzas armadas en los últimos años.
Emitida en el año 2000, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ha privilegiado un enfoque económico, en detrimento de otras cuestiones como la sustentabilidad y la responsabilidad social, se plantea en la exposición de motivos de la propuesta presidencial que busca reformarla.
FALTAN MECANISMOS CLAROS
Según el diagnóstico gubernamental, el ordenamiento actual carece de mecanismos que de manera específica propicien la transparencia, la eficacia o la eficiencia.
Se ofrece, por lo tanto “ dar un salto “ hacia un marco legal, que propicie esos objetivos y que siendo “vanguardista“ permita combatir la corrupción en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados, un problema que, se enfatiza, “históricamente ha acompañado dichos procedimientos”.
El diagnóstico gubernamental parte del reconocimiento de que aun con los cambios experimentados en 2023, CompraNet presenta deficiencias que deberán superarse con una transición hacia contrataciones públicas electrónicas, con el uso de medios informáticos.
La iniciativa presidencial habla de establecer la plataforma digital de contrataciones públicas que sería el único punto de interacción entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal.
La reforma pretende incorporar lo que llama nuevas estrategias de contratación, en alusión a la oferta subsecuente de descuento (conocida como subasta inversa) y los diálogos estratégicos.
Se espera que la oferta subsecuente se adopte en las licitaciones públicas y en las invitaciones a cuando menos tres personas para obtener un mejor precio en la adjudicación de las obras y servicios relacionados.
El propósito de esos cambios, se enfatiza es contar con una política de contratación que le permita al Estado obtener permanentemente mejores condiciones en precio y calidad.
DIÁLOGOS
En cuanto al mecanismo de los diálogos estratégicos se explica que con éstos se busca generar reglas claras y preestablecidas entre los licitantes, dando paso a construir mejores condiciones para el Estado.
Esta propuesta tiene como propósito buscar una estrategia eficaz para reducir el fenómeno de la corrupción y generar valor público de los actos jurídicos administrativos que lleva a cabo el Estado a través de sus dependencias y entidades, evolucionando la manera de realizar las contrataciones en materia de obras públicas y sus servicios.
