Expertos Auguran empleo de recursos financieros y en especie, por parte de candidatos al Poder Judicial, sin reportar los gastos ante el INE
Agencia Excélsior
Las campañas para la elección del Poder Judicial, que arrancaron ayer, estarán marcadas por el uso de “muchos recursos financieros y en especie que no serán reportados al INE” y “topes de campaña que impiden que las campañas sirvan para promover el voto informado”.
Así lo vaticina la consultora Integralia, puesto que existen 300 distritos donde los legisladores pudieron gastar hasta 2.2 millones de pesos en sus campañas, mientras que sólo existen 60 distritos judiciales, en los que los candidatos a juzgadores sólo pueden destinar 220 mil pesos a viáticos, traslados y gastos personales.
En un reporte, la consultora también señala que se avecina un “voto disparejo”, puesto que los ciudadanos de la CDMX tendrán una mayor injerencia en el resultado de los comicios, ya que podrán “elegir jueces y magistrados, cuyas decisiones tendrán impacto nacional, dado que en la capital se concentran los juzgados y tribunales que resuelven controversias… en materias como penal, mercantil o especializada en competencia económica y telecomunicaciones”.
Agrega que los comicios del próximo 1 de junio tendrán implicaciones significativas para la impartición de la justicia en las siguientes décadas, entre éstas la pérdida del Poder Judicial como contrapeso.
Anticipan un voto judicial disparejo
Integralia dice que la CDMX tendrá mayor injerencia, pues elegirá jueces y magistrados cuyas decisiones tendrán impacto nacional
Ante el inicio de las campañas para la elección del Poder Judicial, la consultora Integralia consideró que este periodo estará marcado por “topes de campaña muy bajos que impiden que las campañas sirvan para promover el voto informado y vaticina que habrá “muchos recursos financieros y en especie que no serán reportados al INE”.
Hay que recordar que mientras existen 300 distritos electorales donde los legisladores pudieron gastar hasta 2.2 millones de pesos en sus campañas, sólo existen 60 distritos judiciales en los que las y los candidatos a juzgadores pueden gastar 220 mil pesos en viáticos, traslados y gastos personales.
En su reporte, Integralia considera que esta forma de dividir al país permitirá un “voto disparejo. Las personas votantes de la Ciudad de México tendrán mayor injerencia en el resultado, pues podrán elegir jueces y magistrados cuyas decisiones tendrán impacto nacional, dado que en la capital se concentran los juzgados y tribunales que resuelven controversias que afectan tanto a personas residentes y no residentes en materias como penal, mercantil o especializada en competencia económica y telecomunicaciones”.
De esta manera la consultora encabezada por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, creó una tabla para calcular el valor relativo por cada 10 mil habitantes en la que resulta que el valor del voto en la Ciudad de México, con 11 distritos, tendrá un valor entre 0.19 a 0.22, mientras los tres distritos del Estado de México, tendrán un valor de entre 0.03 y 0.04, siendo la entidad con el menor valor por voto.
Para sacar el valor, Integralia dividió los cargos del poder judicial entre el padrón electoral de cada distrito, multiplicado por 10 mil.
En el documento, Integralia asegura que este proceso electoral ha enfrentado muchos desafíos por su “apresurada ejecución y estará marcado por recursos insuficientes para organizar la elección con estándares de cobertura y calidad, por la incidencia de la movilización del voto para definir quién gana, por la complejidad de las boletas…”
En adición considera que estos comicios y sus resultados tendrán implicaciones significativas para la impartición de la justicia en las siguientes décadas.
Lo anterior debido a que “los ganadores serán mayormente quienes sean apoyados por el gobierno y la coalición oficial, la mayoría de las nuevas personas juzgadoras tendrán una disposición natural para actuar con criterios de lealtad política cuando sea requerido y mermar así su autonomía judicial. Con el paso del tiempo el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos (los poderes judiciales locales seguirán sujetos a los poderes políticos).
