Si se comprueban ligas con el crimen, EU podría actuar contra quienes tuvieron que ver con las candidaturas, afirma la organización Defensorxs
Agencia Excélsior
Los señalamientos en contra de candidatos al Poder Judicial por vínculos con el narcotráfico representan una nueva amenaza en la relación de México con Estados Unidos, ya que, al estar ligados a organizaciones delictivas consideradas como terroristas por el presidente estadunidense, Donald Trump, todas las personas que participaron o tuvieron conocimiento de la existencia de estos aspirantes enfrentarían responsabilidades legales ante el gobierno de EU.
Así lo advirtió la organización civil Defensorxs, la cual adelantó que presentará pruebas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se cancelen las candidaturas a los aspirantes a jueces y magistrados que están, de acuerdo con sus investigaciones, vinculados al crimen organizado.
il Zuarth, exaspirante a candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que Defensorxs tiene documentados 12 casos de candidatos con una carpeta de investigación en curso y se pronunció por cancelar, por “prudencia”, al menos la elección de los 881 jueces penales.
TIENEN 12 CANDIDATOS CARPETAS INDAGATORIAS
La organización civil Defensorxs advirtió que todas las personas que participaron o tuvieron conocimiento de la existencia de candidatos al Poder Judicial vinculados con el crimen organizado –incluidos en la lista de organizaciones terroristas señalada por el presidente Donald Trump– enfrentaran responsabilidades legales ante el gobierno de Estados Unidos.
En voz de Miguel Alfonso Meza y Roberto Gil Zuarth, Defensorxs afirmó que el dicho del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que impugnarán a un grupo de aspirantes a jueces por defender al narco es la aceptación automática de que sabía que hay candidatos judiciales que no pasaron por filtros confiables para participar.
De alguna parte Fernández Noroña obtuvo la información que ahora hace pública; lo supo. Tiene el conocimiento y si lo tiene, según ese estatuto legal, debió tomar las medidas a su alcance para evitar que se consume el riesgo, es decir, que los terroristas puedan tener algún beneficio y entonces la única manera de eludir la responsabilidad es demostrar una cosa que se llama buena fe, lo cual atenuaría la responsabilidad, pero son responsables”, dijo Gil, abogado integrante de Defensorxs.
En entrevista, Meza adelantó que la organización civil que encabeza presentará pruebas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se cancelen las candidaturas a los aspirantes a jueces y magistrados que están, de acuerdo a sus investigaciones, vinculados al crimen organizado.
El INE acordó abrir un periodo de presentación de pruebas de los candidatos que presumiblemente están relacionados con el crimen organizado y vamos a presentar las pruebas”, dijo Meza.
Puntualizó que hasta el momento tienen documentadas “once candidaturas riesgosas” y otras dos con menor grado de riesgo. “pero en los próximos días vamos a terminar de reunir toda la información que hay sobre candidaturas riesgosas y las vamos a presentar, pero van a ser muchas más de las que tenemos en este momento”, señaló.
Por su parte, Gil Zuarth, ex aspirante a candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que Defensorxs tiene documentados 12 casos de candidatos con una carpeta de investigación en curso.
Resulta que Fernández Noroña dice que al menos tiene ubicados a veinte candidatos vinculados con el crimen organizado; nosotros tenemos doce que tienen carpetas de investigación activas. No son los que han participado en algún escándalo sexual, de atropellamiento; son doce que tienen carpetas de investigación”.
En este contexto, el integrante de Defensorxs se pronunció por la cancelación de la elección de los 881 cargos a jueces penales que estarán en disputa en la inédita elección del 1 de julio de 2025.
Por lo menos por un acto de prudencia, para que no estemos en la densidad de los aranceles, por lo menos deberían suspender la elección de los jueces penales, que es un universo de 881 puesto, que representa algo así como el 30% de los cargos de la elección; la materia penal es la que tiene más cargos en disputa”, dijo Roberto Gil.
Miguel Alfonso Meza saludó que tanto en el Ejecutivo federal, como en el legislativo se ponga a ver con mayor interés el trabajo que distintas organizaciones sociales y ciudadanos han denunciado desde hace semanas para que se pueda limpiar la elección judicial que viene.
Como parte de las candidaturas riesgosas, Defensorxs tiene a Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez de Distrito Penal del 4° Circuito (Nuevo León). Padilla Briones fue procesado y sentenciado por portación de armas y narcóticos.
En la lista de la organización civil está Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Circuito (Nuevo León) y quien ha sido procesado y sentenciado en dos instancias por el delito de portación de arma de fuego. Escamilla es defensor del narcotraficante (Z20).
Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado de Circuito en materia penal por el primer circuito (Jalisco), quien ha sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual; Francisco Martín Hernández Zaragoza, que aspira a ser magistrado de Circuito en materia penal en el Tercer Circuito (Jalisco), pese a que cuenta con denuncias por casos de corrupción y lavado de dinero, así como ha sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual en diversas ocasiones.
Gil Zuarth se refirió al “arco de la responsabilidad” que existe en el proceso legal impuesto por el gobierno de Estados Unidos a partir de haber acusado de terroristas a los grupos del crimen organizado.
En este sentido, dijo que eventualmente Estados Unidos podría señalar como colaboradores de los grupos terroristas a todos quienes hayan tenido que ver en las candidaturas, pasando por el Legislativo, el Ejecutivo, los comités de evaluación, el INE, a excepción del Poder Judicial, que no tuvo ninguna participación ya que su responsabilidad fue asumida por el Senado de la República. Incluso, dijo Roberto Gil, las instancias que fueron consultadas para verificar la probidad de los candidatos, como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria.
El abogado que llegó a ser subsecretario de Gobernación acusó que los Comités de Evaluación de los candidatos fueron declarados extinto una vez que mandaron las listas, “con la idea de que no se pudiera pedir información pública sobre los expedientes de los candidatos y así no tener la obligación de informar y así han negado todo tipo de información”, concluyó.
