Organizaciones sociales consideran que 11 perfiles no deben contender en los comicios del próximo 1 de junio, ya que representan un riesgo para la impartición de justicia
Agencia Excélsior
Organizaciones sociales acudieron al INE a llevar sus denuncias contra 11 candidaturas al Poder Judicial, por considerarlas “un riesgo para la impartición de justicia”, ante la omisión de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, para revisar la idoneidad de los perfiles.
Como vocero de las organizaciones Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Defensorxs y Politiklab, el especialista electoral Arturo Espinosa Silis aseguró que “no puede haber ningún candidato que represente un riesgo para la impartición de justicia, creemos que hubo una omisión tremenda en los Comités de Evaluación al revisar los perfiles, no debieron ceñirse sólo a valorar requisitos legales, sino a ver si tenían la ética suficiente para poner la justicia en sus manos.”
Entrevistado en las escalinatas del INE, dijo que las organizaciones se pusieron a buscar elementos que los tres Poderes no buscaron y que eran evidentes y, por lo tanto, solicitan tanto al Senado, como al INE, para que tomen medidas.
Las candidaturas denunciadas son las de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en Michoacán, mencionado en el asesinato de dos periodistas; Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, con presuntos antecedentes penales por narcomenudeo; Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal en Nuevo León, defensor de integrantes del cártel de Los Zetas; Andrés Montoya García, aspirante a magistrado de circuito en materia de apelaciones en Sonora, mencionado en desaparición de un reportero; Eluzai Rafael Aguilar, candidata a jueza penal en Guadalajara; Karina Sánchez Ruiz, aspirante a magistrada de Tribunal mixto en Oaxaca; Cesiah Keren León Rocha, a jueza civil; Madián Sinaí Menchaca Sierra, a jueza en materia administrativa; Betzabeth Almazán Morales, a jueza civil; Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, a magistrada de circuito laboral en Guanajuato, y Job Daniel Wong Ibarra, a magistrado laboral en Jalisco, son acusados de complicidad con Naasón Joaquín, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, quien está encarcelado en EU por pederastia.
