En el primer día de diálogo, representantes del sector telecomunicaciones se pronunciaron en contra de que una sola persona sea la máxima autoridad en el tema
Agencia Excélsior
Después que la mayoría de los participantes del primer conversatorio plantearan la urgencia de impedir la discrecionalidad de una sola persona como máxima autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el senador Javier Corral anunció que existe la disposición presidencial de crear un órgano colegiado que sustituirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Les anuncio y advierto, por lo que hemos podido escuchar de la propia Presidenta de la República, que es la iniciadora de este proyecto, que hay esa disposición de buscar un órgano colegiado; un órgano con especialidad técnica. Ella misma está en favor de acotar la discrecionalidad política por el simple principio de que, hoy, está ella, pero luego después quién va a estar.
No se trata del partido en turno o del personaje en turno, sino de las instituciones pensadas para el mediano y largo plazo. Y yo creo que ése es uno de los temas fundamentales que hay que trabajar. ¿Qué características debe tener ese organismo?, ¿qué naturaleza jurídica debe tener? ¿Qué composición, qué perfil? ¿Qué funciones a la Agencia, qué funciones al organismo? Está en la voluntad de la Presidenta de la República eso”, anunció Corral, al concluir el primer día del conversatorio sobre el tema.
Durante las cerca de siete horas que duró el encuentro con 22 participantes, concesionarios, académicos, reguladores y organizaciones sociales coincidieron en rechazar el supra poder que la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión le otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a su titular, José Antonio Peña Merino, por lo que urgieron a modificar el esquema para garantizar autonomía, eliminar criterios discrecionales en otorgamiento y hasta revocación de concesiones, manejo de datos personales de millones de usuarios y estabilidad jurídica de plataformas digitales.
Ni Obama tuvo tanto poder”, planteó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, quien destacó que la agencia es como un nuevo Leviatán. José Antonio García, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), urgió a acotar la discriminación de la nueva autoridad del sector.
Javier Juárez, presidente del IFT, recordó que la existencia de un regulador autónomo es parte de los derechos de los usuarios; Adriana Labardini, excomisionada del IFT, consideró que las decisiones en torno al sector no pueden ser tomadas sólo por una persona; resaltó que la existencia del IFT y la ley actual benefició a los mexicanos, pues el agente preponderante en banda ancha fija redujo su dominio en el mercado, de 73% a 39%, y, en banda ancha móvil, de 82% a 62 por ciento.
Marina Martínez, representante de las estaciones radiofónicas independientes, alertó que la ley, así como se plantea, pone en riesgo la existencia de estas estaciones. El consultor Fernando Borjón propuso que se aplique al sector telecomunicaciones el mismo modelo que se incluyó en la ley de competencia económica: un colegiado como máxima autoridad.
Alfredo Pacheco, vicepresidente de la Canieti, también se sumó a la alerta de concentrar el poder en una persona, sin que existan contrapesos. Ana Gaitán alertó que la insistencia de crear un registro de usuarios de telefonía móvil, que ya fue declarado inconstitucional, porque pretende ligar la CURP y los registros biométricos de los ciudadanos con un teléfono, es un grave retroceso en los derechos de los mexicanos, sobre todo, porque el responsable será una sola persona, quien tendrá libertad absoluta para decidir sus propias reglas.
Gabriel Contreras, primer presidente del IFT y quien participó como representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló las violaciones al Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que contiene la propuesta presidencial de ley del sector telecomunicaciones y radiodifusión.
La académica Denise Dresser dijo que la propuesta de ley sólo beneficia a Morena, que confunde lo público con lo que le conviene al partido Morena, y por eso esta idea de que hay que fortalecer a los medios públicos, al Canal 11 y al 22, cuando se han convertido, subrayó, en medios de propaganda del partido en el gobierno.
Alejandro Cabral, representante de las radios comunitarias, lamentó que se mantenga en la propuesta de ley los ordenamientos que impiden el crecimiento de estas alternativas radiofónicas y, entre los puntos que criticó estuvo el artículo 201, que obliga a solicitar permiso a la Secretaría de Gobernación para transmisiones desde el extranjero.
Miguel Calderón, de la Cámara Internacional de Comercio en México, también habló de las violaciones al T-MEC y consideró “facultades excesivas” las que tiene la agencia digital. Mario Berganza, director jurídico de Telcel, alertó que si se mantienen en sus términos, los artículos 157 y Dieciocho Transitorio atentan contra la certeza jurídica y la innovación, amén que somete a los concesionarios a una constante amenaza de quitarles el derecho al uso de las frecuencias.
PIDE RETIRAR EL ARTÍCULO POLÉMICO
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que si el artículo 109 de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que se analiza en el Senado genera debate y discusiones, debe retirarse del documento para permitir avanzar en el tema.
En la rueda de prensa matutina, adelantó que José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, acudirá próximamente a la rueda de prensa matutina para explicar el contenido de dicha propuesta.
Pero ya, para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo que nosotros planteamos, y que se discuta el fondo de la competencia que debería haber en las telecomunicaciones en México, el derecho de las audiencias, de las radios comunitarias y del pueblo de México a una información veraz”, puntualizó.
Destacó que la ley no busca censurar a los medios de comunicación, si no que regula el internet, de la telefonía celular, la telefonía fija, las bandas de satélites, entre otros temas relativos a las telecomunicaciones.
-Arturo Páramo
SIN ARMAS PARA EVADIR CRIMINALES
La excomisionada del IFT, Adriana Labardini, alertó que ni la ley actual ni la propuesta presidencial de ley en materia de radio y televisión tienen normas que eviten la intromisión del crimen organizado en las concesiones del sector, cuyos titulares también son acosados por el crimen con amenazas o robo de su infraestructura.
Durante su participación en el primer Conversatorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Adriana Labardini reveló que uno de los temas que más se le complicó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue atajar riesgos de intromisión del crimen organizado.
Tuvimos problemas, porque no tenemos las herramientas legales de impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, vinculados al crimen organizado sean concesionarios o autorizados. ¿Lo va a tener la Agencia?… Es un tema delicado”, planteó.
-Leticia Robles de la Rosa
