Esta columna trata sobre la firma del memorándum para crear un órgano permanente destinado a institucionalizar el diálogo y canalizar las propuestas del sector productivo y los trabajadores.
Agencia Excélsior
En 1995, en medio de una profunda crisis económica, se gestó un acuerdo histórico, primero entre la CTM y Coparmex, y posteriormente entre el Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial. Estos pactos, asumidos por el Gobierno en turno como pieza clave para la recuperación, dieron origen a los once principios de la llamada Nueva Cultura Laboral. Se trató de una iniciativa pionera que puso en el centro la dignidad del trabajo, el respeto a derechos y obligaciones, y la justicia laboral, al mismo tiempo impulsaba la productividad y el diálogo entre sectores. En este proceso también se incorporaron voces de otras importantes organizaciones sindicales.
Aquella visión resaltó la importancia de la ética, la capacitación y la cooperación para mejorar las condiciones laborales. Reconoció la necesidad de adaptarse a un mundo globalizado y promovió el desarrollo integral del trabajador y su familia. En este contexto, se buscó preservar, en la medida de lo posible, el empleo formal mediante acuerdos entre actores sociales y económicos. Así, nació un precedente de concertación que permitió afrontar la adversidad.
Treinta años después, México enfrenta un nuevo conjunto de desafíos. Hoy, el entorno económico global, marcado por la desaceleración y la incertidumbre, vuelve a poner presión sobre el empleo formal y, con ello, sobre la viabilidad de la recuperación salarial observada en los últimos años. Esta tendencia se hace evidente al comparar los más de 553 mil empleos creados hace un año con los apenas 43 mil reportados al corte de abril de 2025, según datos del IMSS.
A este panorama se suma una creciente polarización política que erosiona la posibilidad de alcanzar consensos. El diálogo entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas ha sido sustituido por el enfrentamiento permanente, lo que amplifica los riesgos en un entorno internacional ya de por sí inestable y obstaculiza los ajustes urgentes que requiere la política económica para atraer inversión privada, fortalecer el Estado de derecho y corregir cambios jurídicos que debilitan la certidumbre, como lo evidencia el proceso de elección de jueces y magistrados.
Frente a este panorama, adquiere una enorme relevancia el Encuentro de Sindicatos y Empleadores. Diálogo Social en Acción: Soluciones para el Futuro del Trabajo. Este espacio surge a partir de coincidencias clave, como la defensa del INFONAVIT a finales de 2024, cuando se generó incertidumbre sobre el manejo de los recursos en las cuentas individualizadas de los trabajadores.
Pero el desafío va mucho más allá de ese caso puntual. Así como ocurrió en 1995, hoy se abre una ventana para construir acuerdos duraderos que aseguren empleos formales, derechos laborales y competitividad empresarial. Ratificado por México, el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el compromiso de promover consultas efectivas entre autoridades, empleadores y trabajadores como base para formular políticas sociales y laborales. Este principio ha demostrado su eficacia en momentos clave: la reforma sobre subcontratación, la integración tripartita en instituciones como el IMSS, el INFONAVIT y la CONASAMI, son prueba de que el diálogo social puede producir acuerdos responsables incluso entre actores con intereses diversos.
Más aún, en un país donde más del 54% de la fuerza laboral permanece en la informalidad, el diálogo social no es solo deseable, es indispensable. Transitar hacia la formalidad requiere generar incentivos, adaptar regulaciones, facilitar el cumplimiento y, sobre todo, promover empresas sostenibles que puedan generar empleo digno, productivo y estable.
En este contexto, destaca la firma del memorándum para crear un Consejo Económico, Social y Ambiental entre gobierno, sindicatos y empresarios, como un órgano consultivo permanente destinado a institucionalizar el diálogo y canalice las propuestas del sector productivo y los trabajadores. Este tipo de consejos ya opera con éxito en la mayoría de la Unión Europea y en países de América Latina, Asia y África. Su función es clara: generar consensos informados que orienten las decisiones públicas en temas económicos, laborales, sociales y ambientales. En México, su creación permitiría anticipar conflictos, corregir distorsiones y dar rumbo a políticas públicas con visión de largo plazo.
Incluso el Papa León XIV, en una declaración muy reciente, ha subrayado la urgencia de renovar el diálogo entre capital y trabajo, frente a los desafíos éticos y sociales que plantean la automatización, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de crecimiento económico.
Treinta años después del acuerdo que cimentó la Nueva Cultura Laboral, México se encuentra nuevamente ante una encrucijada. La combinación de riesgos económicos, incertidumbre jurídica y polarización política amenaza con debilitar los avances logrados. Ante este escenario, el diálogo social, expresión concreta de la democracia participativa y base de la gobernabilidad, debe resurgir como un mecanismo esencial para reconstruir la confianza, atraer inversión, ampliar la formalidad y promover empresas sostenibles.
La creación del Consejo Económico, Social y Ambiental representa una oportunidad histórica para revitalizar la cooperación entre los sectores productivos y las instituciones del Estado, asegurando que las decisiones económicas no solo respondan a presiones inmediatas, sino que sienten las bases de un crecimiento sostenible, justo e incluyente.
Proceso en el que justo es reconocer la importante e incesante labor del presidente de Coparmex, Juan José Sierra, que logró sumar al proyecto a los líderes empresariales y sindicales con mayor peso y relevancia en el país.
La historia demuestra que los acuerdos sociales son viables cuando hay voluntad política y responsabilidad compartida. Hoy, frente a una nueva encrucijada, corresponde a sindicatos, empresarios y gobierno actuar con visión, altura de miras y compromiso con el futuro del país.
