Por Jorge Ceballos
Hoy se constituye un nuevo capítulo doloroso en la seguridad municipal en México, con el crimen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán — un hombre que, en vida, encarnó mucho de lo mejor pero también varios de los peligros del combate local al crimen organizado. Su muerte no puede dejarse como una mera nota de prensa: exige que reflexionemos sobre qué significa hacer seguridad desde la alcaldía, cómo responder a la violencia y dónde están los límites entre firmeza, autoritarismo y colapso institucional.
Un alcalde que alzó la voz
Manzo asumió la presidencia municipal el 1 de septiembre de 2024 como candidato independiente. Desde el principio visibilizó el problema de seguridad que enfrentaba Uruapan, abanderando una demanda constante para que los gobiernos estatal y federal, hicieran lo que les correspondía en la lucha contra la criminalidad.
Denunció la presencia de campamentos de entrenamientos de grupos armados en su municipio. “No estamos encontrando borrachitos que alteran el orden; o que traen armas blancas. Estamos hablando de grupos fuertemente armados que traen material de guerra”.
En ese sentido, su posicionamiento lo hacía diferente: en un contexto donde muchos alcaldes prefieren “no meterse”, él se metía. Significaba que se arriesgaba políticamente, socialmente y —como se demostró— físicamente.
Las dos caras de la mano firme
Sin embargo, la apuesta de “mano firme” que representaba Manzo también trae consigo riesgos que no pueden ignorarse. Él mismo llegó a declarar que “al delincuente que se tope que ande armado… hay que abatirlo”.
Esa retórica muestra un problema estructural: cuando la debilidad estatal se enfrenta al poder del crimen organizado, se abre espacio para que los gobernantes locales asuman papeles que corresponden al Estado de derecho —aplicar justicia, ejecutar operativos, decidir quién vive y quién muere—, sin las garantías legales, los controles democráticos o las redes institucionales de soporte.
Este estilo, por un lado, puede generar apoyo popular (“al menos alguien está haciendo algo”), pero, por otro, sienta precedentes peligrosos: ¿qué autoridad tiene el alcalde para decir quién es delincuente y quién no? ¿Qué freno democrático se interpone para evitar abusos? ¿Qué salvaguarda contra la impunidad cuando el combate se convierte en venganza o espectáculo?
¿Qué debe aprender el Estado?
El caso de Manzo no debe relativizarse ni glorificarse: se trata de una advertencia. Tres aprendizajes urgentes:
Reforzar la institucionalidad antes que la figura. No se trata solo de alcaldes valientes, sino de sistemas de seguridad local que funcionen: inteligencia, coordinación, rendición de cuentas, justicia concreta.
Garantizar derechos aun en el combate al crimen. La violencia delictiva no se combate eficazmente con mano libre sin contrapesos: al contrario, puede corroer más el tejido social, legitimar represalias y cultivar otros autoritarismos.
Proteger a los que enfrentan al crimen, no como héroes aislados sino como parte de una arquitectura de Estado. Que un alcalde que se manifiesta públicamente no sea prácticamente un mártir previsible, sino que su acción se enmarque en un estado que le da respaldo real y reducción de riesgos.
Carlos Manzo hizo lo que pocos: alzó la voz y pidió auxilio. Pero el auxilio llegó tarde, en forma limitada, y el sistema no pudo protegerlo. Su muerte no sólo es tragedia individual sino síntoma grave de que las municipales siguen siendo territorios donde el Estado es débil, el crimen es fuerte, y la acción local se queda muchas veces sola.
Si queremos menos “héroes” y menos martirios, tendremos que construir más Estado: no solo alcaldes que prometen “balazos y no abrazos”, sino instituciones que los respalden, mecanismos que eviten que la justicia sea solo la bala de un individuo. Que la muerte de Manzo no quede en efemérides: que sea motor de cambio.
¿Habrán más “sirenitos”?
El cese fulminante de Miguel Prado de Los Santos de la dirección general del Cobach debe servir de muestra para todos los integrantes del gabinete. Al gobernador Eduardo Ramírez no le tentó la mano para correr de ese cargo al tonalteco horas después de que seis de sus colaboradores fueron detenidos por formar de una red de extorsión al interior de esa dependencia.
Que bueno que se cesó a este personaje que desde los tiempos de Manuel Velasco Coello ha sido acusado de encabezar actos carentes de probidad, sin embargo, esto pudo evitarse si desde el principio no se le hubiera incrustado en el gabinete.
El problema mayor estriba en que, en diversas dependencias hay personajes a los que los persigue la sospecha de la corrupción y el saqueo, por ejemplo, Jorge Enrique Hernández Bielma ha sido señalado de haber encabezado diversos actos de corrupción ahí mismo en el Cobach y para colmo se le nombró subsecretario de gobierno. Si hacemos una lista esta sería interminable… Hasta la próxima.
