Yuriria Sierra
Morena propone adelantar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum de 2028 a junio de 2027 para que coincida con las elecciones intermedias. La oposición grita al cielo. Que si es un madruguete, que si presidencializa la elección, que si Sheinbaum se meterá en las urnas para jalar votos. Lo de siempre. Pero, más allá del ruido predecible, hay tres razones por las que esta reforma tiene mucho sentido. Y una de ellas es absolutamente deliciosa en términos políticos. Empecemos por lo obvio, lo que la oposición llama “pretexto” pero que para los mortales que pagamos impuestos es una razón suficiente: el ahorro de recursos públicos. Con esta propuesta se evitaría gastar mil 500 millones de pesos.
Emparejar consultas con elecciones no es una ocurrencia tropical de la Cuarta Transformación. Es una práctica estándar en democracias consolidadas. En EU, por ejemplo, las ballot measures se votan rutinariamente el mismo día que las elecciones regulares. En 2024, durante las elecciones presidenciales, los votantes decidieron simultáneamente sobre cientos de medidas que iban desde la legalización de la mariguana hasta reformas electorales, pasando por enmiendas constitucionales estatales. Nadie en EU considera esto una amenaza a la democracia. Al contrario.
La revocación de mandato de López Obrador en 2022 tuvo apenas 17.7% de participación. Si se hace concurrente con las elecciones intermedias, la participación podría pasar de 17% a más de 40%. ¿No era precisamente ese el objetivo de la democracia participativa que tanto pregonó AMLO? Pero mi lectura más pragmática es mucho más jugosa en términos de real politik, que explicaría por qué esta reforma es infinitamente más importante de lo que parece. La revocación de mandato que López Obrador le heredó a Sheinbaum es una suerte de espada de Damocles. Ahí está el quid del asunto. AMLO, en su infinita necesidad de control, dejó instalado muchos mecanismos envenenados, pero éste el peor: uno que le permitiría a él —y a los gobernadores morenistas que controla— amenazar a Sheinbaum en 2028 si ésta “no se portaba bien” en los términos de su capricho transexenal. Si la revocación se hacía después de las intermedias, como estaba previsto, la Presidenta quedaría a merced de todos esos gobernadores impresentables. Al adelantarse la revocación a 2027, cuando coincida con las elecciones federales, Sheinbaum ya no dependería de esos personajes para absolutamente nada, y al revés: muchos le deberá a ella no perder estrepitosamente en sus estados. La alta participación inherente a una jornada electoral federal diluye el poder de los caciques regionales, pero también les salvará la jornada a muchos de ellos.
Porque seamos honestos: la revocación de mandato nunca fue un instrumento de rendición de cuentas. Fue un mecanismo de sometimiento disfrazado de democracia participativa. AMLO la usó en 2022 no para que el pueblo lo evaluara, sino para hacer campaña anticipada para Morena. Y el expresidente quería dejarle instalado el mismo dispositivo a Sheinbaum, para que, cada vez que pensara en alejarse de la ortodoxia lopezobradorista, recordara que en 2028 él y sus gobernadores podrían activar el mecanismo.
Varios legisladores de Morena ya empezaron a referirse al proceso como una “ratificación” en lugar de una revocación. Ese cambio semántico lo dice todo. Claro que hay riesgos. Si la mayoría vota por quitarle el cargo en una consulta con más de 40% de participación, el resultado sería vinculante y letal. Pero ese riesgo existía de cualquier modo. La diferencia es que ahora Sheinbaum lo enfrenta en sus propios términos, no en los de López Obrador. Y si su aprobación se mantiene alta (escenario altamente probable), la revocación se convierte en lo que siempre debió ser: un referéndum sobre el desempeño presidencial, no un instrumento de chantaje interno.
La reforma pasará. Y, cuando lo haga, será el más importante movimiento político interno de Sheinbaum respecto al legado de López Obrador, que le permite quitarse de encima la espada que su antecesor dejó suspendida sobre su cabeza, para convertir una amenaza en legitimación y, de paso, ahorrar mil 500 millones de pesos.
