Agencia Excélsior/CDMX
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el desmantelamiento de una bodega utilizada presuntamente para fabricar y distribuir cigarros ilegales en Huixquilucan, Estado de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación desplegados por autoridades federales.
En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
Las investigaciones permitieron ubicar un inmueble relacionado con la producción y distribución de cigarros ilícitos. Los datos recabados fueron presentados ante un juez de Control, quien autorizó la orden de cateo para intervenir el predio.
Durante la diligencia fueron detenidos tres hombres, de 46, 49 y 60 años, dos de ellos de nacionalidad extranjera. En el inmueble fueron localizadas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos y una infraestructura que, de acuerdo con las autoridades, era utilizada para su elaboración y almacenamiento.
El aseguramiento incluyó cuatro máquinas destinadas a la producción de cigarros, más de dos millones de piezas, 293 cajas con filtros, 98 cajas de tabaco, 32 cajas con producto sin terminar y 80 charolas de cigarros.
Los agentes también localizaron 170 cajas que contenían 102 mil cajetillas, un compresor, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2 mil 926 rollos de celofán, 4 mil 032 rollos de papel para cigarro de color verde y 780 rollos de papel blanco, además de dos vehículos.
El volumen del material encontrado llevó a las autoridades a considerar que el inmueble no funcionaba únicamente como punto de almacenamiento, sino como un espacio con capacidad para producir, empaquetar y distribuir grandes cantidades de cigarros fuera de los canales legales.
Tras la intervención, los tres detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron, junto con los indicios asegurados, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esa autoridad la encargada de definir su situación jurídica.
La bodega fue sellada y permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para establecer el destino de la mercancía, la posible red de distribución y si existen más personas relacionadas con la operación clandestina. García Harfuch ha señalado en distintas intervenciones que las operaciones federales contra estructuras delictivas se apoyan en investigación, inteligencia e intercambio de información entre instituciones, además del despliegue operativo.
