CHRISTIAN GONZÁLEZ/Ocozocoautla
Desde el año 2005 y con documentos que acreditan su legítima propiedad, la familia Miceli busca recuperar sus tierras en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, invadidas por una organización social.
En un documento dirigido a diferentes instancias de gobierno, confiaron en que, después de tantos años de espera, la actual administración le ayudará con este tema, a través del cual no desean causar confrontación, sino todo lo contrario.
A lo largo de estos años, los integrantes de la familia Miceli dijeron que han presentado denuncias, documentos, planos, fotografías y peritajes ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no hay una respuesta positiva.
“Incluso existe documentación de actuaciones realizadas por la entonces Fiscalía General del Estado en 2005. Posteriormente, en 2019, se presentó nuevamente documentación ante la Fiscalía bajo el Registro de Atención 0322/061-0402/2019”, expusieron.
Sin embargo, comentaron que continúan sin conocer con claridad cuál es el estado actual de las investigaciones y cuáles son los pasos que legalmente corresponden.
El pasado 30 de mayo de 2026, dijeron, solicitaron respetuosamente la intervención del gobierno del estado para que se revisara su caso, “petición fue recibida y registrada bajo el folio 003470-2026, siendo posteriormente canalizada a las instancias correspondientes”.
Tras dejar en claro que no buscan confrontación, ni hacer justicia por propia mano ni pretenden señalar o condenar públicamente a alguna persona, solicitaron que las autoridades revisen los antecedentes, les informen el estado jurídico y procesal del caso y, si corresponde, determinen las acciones que conforme a derecho deban realizarse.
“También solicitamos que, mientras las autoridades competentes determinan la situación jurídica de los predios, se revise cualquier trámite o procedimiento administrativo que pudiera afectar los derechos que nuestra familia reclama, siempre dentro del marco de la ley y respetando el debido proceso”.
Tras reiterar que su intención no es generar un conflicto social ni perjudicar a quienes pudieran encontrarse en una situación de buena fe, insistieron en que solo piden la revisión de su expediente, “que se nos escuche y que se nos dé una respuesta institucional”.
