CHRISTIAN GONZÁLEZ/Tila
Ciudadanos del municipio de Tila denunciaron públicamente la “grave omisión” de responsabilidades y complicidad por inacción del Ayuntamiento que preside el alcalde Neyser Hernández López, ante la constante violación de derechos humanos, violencia e impunidad provocada por grupos irregulares en la región.
Contaron que, en días recientes, un grupo denominado “Autónomos” invadió un predio legalmente reconocido, correspondiente al panteón “Juan Sabines”, e instaló letreros para prohibir el uso del terreno a la comunidad.
Explicaron que integrantes de dicho grupo se ostentan y atribuyen de manera ilegítima la calidad de “ejidatarios” o autoridades ejidales sin contar con el debido certificado o registro legal ante el Registro Agrario Nacional (RAN), siendo en su mayoría personas foráneas que no residen en Tila.
Incluso, refirieron que los integrantes de dicho grupo impidieron violentamente que se le diera cristiana sepultura a una adulta mayor, vulnerando los derechos fundamentales de los familiares y de la comunidad en momentos de duelo.
“Se registraron destrozos de estructuras y destrucción de lápidas de los difuntos que descansan en dicho recinto”, evidenciaron.
Insistieron en que la omisión del Ayuntamiento y las acciones de este grupo incurren en severas faltas, irregularidades y delitos tipificados por la legislación mexicana.
Recordaron que la ley establece de forma estricta que la calidad de ejidatario se acredita únicamente con el certificado parcelario, los certificados de derechos comunes o la sentencia formal del Tribunal Agrario, debidamente inscritos en el RAN.
“Autodenominarse ejidatario o actuar a nombre de la Asamblea sin estos títulos vulnera el marco legal agrario e invalida legalmente cualquier pretensión sobre el terreno”, subrayaron.
Ante esta problemática, pidieron la intervención inmediata e imparcial de los gobiernos federal y del estado y de la Fiscalía para hacer valer la ley y desalojar el predio del panteón “Juan Sabines”.
También sugirieron desconocer públicamente a toda persona que se ostente como ejidatario sin padrón o certificado legítimo. “Investigación a las autoridades municipales, encabezadas por Neyser Hernández López, por la omisión en sus responsabilidades constitucionales de brindar seguridad y paz social”.
