Tener un techo no garantiza vivir con dignidad en México

Una investigación de la Universidad Iberoamericana en 60 municipios del país revela que la pobreza territorial reduce la noción de confort a la simple supervivencia y traslada la seguridad del hogar a las redes comunitarias

Agencia Excélsior/CDMX

Millones de mexicanos no viven en una vivienda; habitan en un estado permanente de resistencia. En las periferias y los municipios más marginados del país, la palabra «confort» perdió su significado original para convertirse en un sinónimo de alivio: tener un techo que no se caiga a pedazos, aunque debajo haya pisos de tierra o láminas oxidadas.

Una investigación desarrollada por el Centro de Investigación para el Desarrollo Equitativo (Equide) de la Universidad Iberoamericana y publicada en la revista Frontiers in Sustainable Cities alumbra una brecha estructural donde el Índice de Marginación Municipal (IMM) determina no sólo la fragilidad de las paredes, sino la forma en que las familias experimentan el miedo, el agua y la propia dignidad.

El trabajo de campo, sustentado en 235 entrevistas a profundidad realizadas en 60 municipios de la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, constata cómo el nivel de marginación territorial fractura la experiencia cotidiana del hogar. En los territorios rurales y semiurbanos del país con niveles de marginación alta y muy alta, donde se ubican comunidades de alta vulnerabilidad como las zonas de las etnias zapoteca y mixteca en Oaxaca, la precariedad económica impone estándares de habitabilidad mínimos.

Para quienes habitan en estos márgenes, la comodidad se reduce a disponer de un abrigo básico:

Es mi casa, aquí vivo. Antes no era así, era de madera, con un techito de cartón. Poco a poco mejoró, ahora es de material, pero la mitad es piso y la otra mitad es tierra», relató una mujer de 53 años entrevistada para la investigación.

En estos mismos puntos, la percepción de fragilidad es absoluta frente al clima o los desastres:

Es frágil, una lluvia fuerte nos puede llevar porque esta tierra es muy frágil», advirtió un habitante de 32 años, mientras que una joven de 29 años remató: «Mi casa es de lámina y cuando empieza a llover muy fuerte se mete el agua, gotea. Pero aquí estamos, no tenemos a dónde ir».

En estas regiones castigadas, la seguridad del hogar no la proporcionan los muros ni los cerrojos, sino la cohesión social. Ante la ausencia del Estado y la falta de infraestructura defensiva, la certeza de protección descansa en la solidaridad vecinal.

Nos sentimos seguros porque, francamente, aquí en el pueblo todos nos conocemos», explicó un joven de 25 años.

En el extremo opuesto, en los grandes centros urbanos y alcaldías con marginación baja o muy baja, donde se concentran los mayores niveles de escolaridad y recursos, la vivienda se concibe desde el equipamiento, la amplitud y la tecnología. Allí, la seguridad se blinda de forma privada:

Hace un tiempo tuvimos que poner esa caseta (de vigilancia) porque empezamos a tener problemas de seguridad. Decidimos entre varios vecinos instalar un sistema», indicó una mujer de 56 años.

Le pusimos cámaras, circuito cerrado, está cercada y tiene placas de seguridad; es mejor estar seguros», coincidió otra residente de 26 años.

De igual forma, en estos sectores la protección estructural ante sismos o fenómenos naturales es una certeza técnica:

Altamente protegida. He pasado por temblores y he visto cómo reacciona la casa», afirmó una joven de 25 años.

La crisis hídrica y de servicios básicos expone con mayor crudeza esta desigualdad territorial. En los municipios de muy alta y alta marginación, la ausencia de drenaje sanitario es una constante que obliga a las familias a costear fosas sépticas improvisadas o a vivir en la insalubridad, al tiempo que el desabasto de agua fuerza el acarreo manual desde fuentes lejanas. En tanto, en los municipios de baja marginación, la deficiencia se traduce en un golpe al bolsillo:

A veces se escasea un poco y tenemos que comprar agua (en pipas)», relató una mujer de 34 años.

Las evidencias del estudio de Equide demuestran que la política de vivienda en México ha fracasado al tratar de resolver con subsidios parejos un problema que es profundamente territorial y social.