ENRIQUE GUTIÉRREZ/Tuxtla Gutiérrez
A siete años de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoció plenamente los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, el 96.6 por ciento de las mujeres del sector continúa en la informalidad y sólo alrededor del 1% cuenta con un contrato escrito.
Estos son algunos de los principales hallazgos de “Sosteniendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México”, presentado por la red Unidas.
En México, alrededor de 2.1 millones de mujeres realizan trabajo del hogar remunerado. Representan a nueve de cada diez personas del sector y a aproximadamente una de cada diez mujeres ocupadas en el país. El informe analiza la brecha entre los derechos reconocidos en la legislación y las condiciones que enfrentan las trabajadoras para ejercerlos.
A pesar de las reformas legales, el estudio evidencia la presencia de una “paradoja patronal”: quienes cuentan con un vínculo laboral formal en sus propios centros de trabajo, reproducen la precarización e informalidad al gestionar la contratación del trabajo del hogar. Esta contradicción se acentúa considerando que la población empleadora percibe un ingreso mediano aproximadamente cuatro veces mayor al de las trabajadoras que contrata.
La investigación de Unidas presenta un diagnóstico sobre las deficiencias en el diseño institucional y emite recomendaciones de política pública dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los Poderes Judiciales, los Centros de Conciliación y el Sistema Nacional de Cuidados.
De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) analizados en el informe, las mujeres del sector perciben un ingreso promedio de 5,770 pesos mensuales, frente a los 8,855 pesos que ganan los hombres, lo que representa una brecha salarial del 34.8%.
Para Unidas, esta desigualdad responde a la segregación ocupacional y a la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado en sus propios hogares, que las fuerza a aceptar jornadas parciales, discontinuas y de entrada por salida, siendo esta última la modalidad en la que labora el 97.4% del sector.
Expusieron que, de hecho, la precarización se refleja de manera tajante en el acceso a contratos y derechos laborales básicos, pues solo el 1% de las trabajadoras tiene contrato escrito (frente al 9% de los hombres) y seis de cada diez no reciben ninguna prestación de ley.
Además, especificó, aunque las mujeres constituyen el 91.9% del sector, representan solo el 66% de la población afiliada al IMSS. “Los registros reales revelan que apenas el 1.7% de las trabajadoras cuenta con acceso efectivo a la seguridad social y que la afiliación lleva tres años estancada en menos del 3 % del sector”.
Entre otras cuestiones no menos importantes, resaltó que apenas el 0.73% de las trabajadoras cuenta con un fondo de retiro, frente al 9% de los hombres del gremio. Es decir, dijo, si se considera que el 54.3% de las mujeres del sector supera los 45 años, la mayoría terminará su vida productiva sin acceso a una pensión.
Asimismo, el informe identifica fallas estructurales en el diseño del esquema de aseguramiento del IMSS. La modalidad de cotización “por día” (en la que está la mayoría de las trabajadoras) considera un sobrecosto contributivo de alrededor del 27.7% por el pago integrado de descansos y vacaciones. Sin embargo, este no incrementa proporcionalmente los días de acceso a atención médica efectiva, restringiendo la cobertura exclusivamente a los días pagados por la persona empleadora.
Estima asimismo que cada cuatro días pagados de este sobrecosto financian un día adicional de atención médica que el sistema actualmente no otorga a las trabajadoras. “A esta desprotección se suma la evasión patronal, que genera una fuga recaudatoria estimada en 56 mil millones de pesos anuales, proveniente de cuotas no ingresadas al IMSS y al Infonavit”.
El documento advierte que los domicilios particulares de las personas empleadoras, donde se realiza el trabajo del hogar, siguen siendo el único tipo de centro de trabajo en el país exento de inspección laboral.
“Esta exención facilita tratos discriminatorios, el racismo estructural y la exposición a riesgos físicos y químicos sin regulación vinculante. Aunque la STPS publicó una guía de salud en el trabajo para el sector, sus disposiciones operan únicamente como un catálogo de recomendaciones voluntarias sin carácter coercitivo”.
