Agencia Excélsior/EUA
Un jurado investigador de Virginia acusó a la senadora estatal demócrata L. Louise Lucas y a otras seis personas de presuntamente participar en una conspiración de crimen organizado relacionada con la venta ilegal de mariguana y el lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Lucas, de 82 años y presidenta pro tempore del Senado estatal, enfrenta cargos por conspiración para cometer extorsión, conspiración para poseer y distribuir mariguana y conspiración para lavar dinero. De acuerdo con un portavoz del Departamento de Justicia, la legisladora se entregó voluntariamente a las autoridades.
Según la acusación, Lucas habría dirigido, junto con familiares y socios, varios negocios que compraban y vendían cantidades ilegales de mariguana durante años. Los fiscales sostienen que la operación buscaba generar ganancias para su familia y que la senadora utilizó su posición política para proteger las actividades comerciales de posibles investigaciones penales e influir en la legislación estatal.
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la legisladora presuntamente aprovechó su cargo como presidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones del Senado para favorecer a la organización y obtener beneficios económicos.
Lucas rechaza los cargos y denuncia persecución política
Tras darse a conocer la acusación, Lucas rechazó lo que consideró un intento del gobierno federal de silenciarla y aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas.
Hoy, el FBI, el Departamento de Justicia y todo el peso del Gobierno federal se han vuelto contra una bisabuela de 82 años”, publicó su familia a través de redes sociales.
Lucas fue elegida para el Senado estatal en 1991 y durante su trayectoria ha defendido la legalización de la mariguana en Virginia. Sin embargo, la acusación sostiene que ella y sus presuntos cómplices mantuvieron actividades de venta ilegal a través de distintos establecimientos.
A principios de este año, agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en dos tiendas de mariguana vinculadas con la legisladora, como parte de una investigación iniciada durante la administración del expresidente Joe Biden. Según los documentos judiciales, durante los operativos se encontraron mariguana y armas de fuego.
Presuntos sobornos y licencias para vender cannabis
Entre los señalamientos contra Lucas figura una operación relacionada con una sociedad de cartera que, según los fiscales, habría sido creada para que uno de sus presuntos cómplices obtuviera una licencia estatal para vender mariguana.
La acusación sostiene que la senadora pagó 750 mil dólares por una participación del 100 por ciento en esa sociedad y que posteriormente recibió un pago que el Departamento de Justicia calificó como soborno, a cambio de sus gestiones para favorecer al involucrado.
Los fiscales también alegan que Lucas se reunió con esa persona en su oficina del complejo del Capitolio para recibir un reembolso parcial y que habló con otros funcionarios y legisladores sobre la idoneidad del solicitante para obtener una licencia de venta de mariguana recreativa.
Además, el Departamento de Justicia señaló que la senadora presuntamente omitió declarar su participación en la sociedad en los formularios obligatorios de divulgación de intereses económicos.
