CHRISTIAN GONZÁLEZ/Tuxtla Gutiérrez
Oswaldo Chacón Rojas, actual rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y expresidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aclaró la información que circula en redes sociales en torno a contrataciones que se hicieron con empresas que supuestamente están vinculadas a temas de presunta corrupción con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En un escrito publicado en su red social, destacó que es natural que, ante la gravedad del escándalo que atraviesa el INE, por señalamientos de posibles irregularidades en contrataciones, se generen preguntas sobre operaciones realizadas también en los organismos electorales locales, incluido el IEPC de Chiapas, que presidió entre 2016 y 2023. “Es legítimo preguntar, investigar y revisar”.
Dejó en claro que las publicaciones sobre las investigaciones relacionadas con proveedores de materiales electorales merecen atención y respuestas sustentadas en información verificable.
Ante los señalamientos sobre las licitaciones de 2018 y 2021, precisó que los contratos nunca han estado ocultos, sino que siempre han estado a disposición del escrutinio público en el portal de la institución.
Las adquisiciones, agregó, las llevó a efecto el Comité de Adquisiciones mediante licitaciones públicas nacionales, con convocatorias difundidas en la página institucional y en medios de circulación nacional.
Agregó que las bases, las actas, los fallos y los contratos forman parte de expedientes públicos, disponibles para su consulta. “No estamos ante operaciones clandestinas ni ante documentos que hayan aparecido por una revelación reciente. Los procedimientos y sus decisiones quedaron documentados y pueden examinarse”.
Entre otras cuestiones, comentó que las sesiones del comité fueron públicas y se celebraron en presencia del órgano interno de control.
Además, dijo que las empresas cuestionadas resultaron ganadoras en diversos procesos electorales, no solamente en esos años, sino en diversos procesos en las últimas tres décadas, “por la simple y sencilla razón que los institutos electorales del país han tenido que recurrir a un mercado altamente concentrado, en el que dos grandes proveedores han tenido una presencia recurrente en distintas entidades y procesos”.
Por ello, refirió que las denuncias por posibles prácticas monopólicas son asuntos que merecen mayor atención por parte de las autoridades competentes.
La participación reiterada de determinadas empresas en contratos electorales no prueba, por sí misma, que cada institución que las contrató haya incurrido en una conducta ilegal, dijo, y pidió examinar cada procedimiento, sus condiciones y sus evidencias.
“La trama nacional que hoy día sacude al país refiere a un contubernio entre funcionarios del INE y empresarios para tratar de influir en las decisiones de adjudicaciones de contratos en algunos OPLES. Ese grupo no existía en los procesos acá aludidos, y como se ha demostrado, el Comité actuó con absoluta libertad y transparencia”, argumentó.
A DETALLE
En la licitación de 2018, recordó que dos empresas presentaron propuestas y ambas cumplieron los requisitos técnicos, legales y financieros.
Asimismo, dijo que el Comité comparó las ofertas y consideró precios de otros organismos electorales locales. “Tras el estudio de mercado que obra en el expediente, adjudicó el contrato a la empresa que ofrecía las mejores condiciones económicas y de servicio. La decisión quedó asentada en el fallo correspondiente”.
En 2021, añadió Oswaldo Chacón, una de las dos empresas presentó inconsistencias en su proyecto técnico, en consecuencia su propuesta fue desechada, por lo que el Comité, conforme a lo establecido en la normatividad, no procedió a la apertura de su propuesta económica.
Respecto a la diferencia de costos en 2018 y 2021, señaló que el procedimiento de 2021 incluía más actividades, la producción de materiales para la jornada electoral y simulacros, además de actividades de traslado y empaque de materiales que el Instituto ya tenía bajo resguardo.
“Ambos procedimientos fueron revisados por el órgano de control interno, y auditados por la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Tras cuatro auditorías, en ningún caso se encontraron hallazgos o se emitieron observaciones”.
Asimismo, comentó que las sospechas sobre proveedores no sustituyen las pruebas que en cada proceso de contratación deben revisarse.
“Mi compromiso es absoluto y total con el escrutinio público, la investigación periodística y la revisión de los expedientes de actos administrativos. La transparencia y la rendición de cuentas no deben temer a las preguntas; deben responderlas con pruebas y argumentos”.
Tras dejar en claro que durante más de 20 años ha desempeñado responsabilidades en el servicio público de Chiapas, y ha procurado que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios permanentes de mi actuación, remató: “Probablemente sea el servidor público en la entidad más auditado en las últimas dos décadas. No solo hemos hecho públicas nuestras declaraciones patrimoniales, también hemos presentado la declaración 3 de 3, incorporando información sobre intereses y situación fiscal, como una expresión concreta de compromiso con la transparencia”.
