ENRIQUE GUTIÉRREZ/Huixtla
Ante la inminente amenaza de un desalojo forzado que podría detonar un grave conflicto en el Sureste mexicano, pobladores de la etnia mam en la comunidad de Altamira La Providencia, municipio de Huixtla, lanzaron un llamado de auxilio a los tres niveles de gobierno, solicitando la intervención directa y urgente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Frente al reciente hostigamiento policial, el juez rural de Altamira La Providencia, Erasmo Trujillo Herrera, visibilizó la crisis sicológica y territorial que atraviesan las familias.
“La población se siente tensa ante la amenaza de desalojarnos; le pedimos a la presidenta que intervenga en este problema, porque no se debería poner en tela de juicio la paz social de la región por un atropello”, advirtió.
A nivel federal, el discurso oficial sostiene una política de justicia, pacificación y restitución de derechos para los pueblos originarios; sin embargo, en la práctica, los tribunales agrarios en Chiapas continúan fallando a favor de presuntos propietarios y cacicazgos locales, ignorando que estas comunidades han poseído y trabajado la tierra pacíficamente por más de 30 años.
Permitir el uso de la fuerza pública para expulsar a decenas de familias humildes, que incluso cuentan con infraestructura escolar y de salud reconocida por el propio Estado, representa un golpe directo a la gobernabilidad de la zona, dijeron algunos afectados.
Frente a esta cerrazón institucional y la angustia del despojo, los habitantes han encontrado un respaldo decisivo en el Movimiento Antorchista. Durante una asamblea general permanente, Jesús Aguirre Juárez, poblador afectado, reconoció que la vía legal debe acompañarse de la fuerza social.
“Es necesaria la organización de la comunidad de Altamira para defendernos de este atropello, y por eso agradecemos inmensamente que el Movimiento Antorchista haya venido a apoyarnos para defender nuestro terreno”, explicó a todos los asistentes.
Al finalizar la asamblea comunitaria, los lugareños declararon que se mantendrán en resistencia pacífica pero enérgica, y reiteraron que responsabilizan a las autoridades de cualquier conato de violencia que vulnere la integridad física de las familias indígenas.
