Necesario apoyar a trabajadores del PJF para garantizar independencia y la autonomía judicial

El acuerdo que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) impacta en la independencia y en la autonomía judicial.

CHRISTIAN GONZÁLEZ/Tuxtla Gutiérrez

Carlos Hugo Tondopó Hernández, abogado chiapaneco, manifestó que, sin lugar a dudas, la independencia y la autonomía judicial son derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados fundamentales de un Estado constitucional, democrático-avanzado.

En ese sentido, dijo que el acuerdo que afecta los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) impacta en la independencia y en la autonomía judicial.

Se requiere, agregó, un Poder Judicial sólido, así como jueces, magistrados y ministros preparados en la doctrina, en la jurisprudencia y en el conocimiento de las normas jurídicas.

Por esa razón, añadió que esos juzgadores deben defender sus derechos adquiridos antes de la Reforma Constitucional Judicial, “y, asimismo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en su reclamo, deben ser apoyados, porque eso garantizará la independencia y la autonomía judicial”.

Ante ello, comentó que es necesario apoyar a los trabajadores que en la actualidad se ven afectados en sus derechos, y que con el nuevo acuerdo se podría ver afectada su familia y su estabilidad económica y emocional”.

Pidió a la sociedad hacer votos para que las autoridades que emitieron el acuerdo tengan la capacidad de tener un diálogo franco dentro del marco constitucional y dentro de lo que significan los derechos constitucionales adquiridos, de los cuales hay jurisprudencia internacional y nacional. “De esta manera expresamos nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra solidaridad”.

Desde el pasado jueves, miles de trabajadores del PJF a nivel nacional, incluidos los alrededores de 1,200 que hay en Chiapas, iniciaron un paro de labores por un acuerdo que se busca echar andar para que, por medio de evaluaciones, puedan mantener sus plazas, o de lo contrario perderlas.

Sin embargo, a la mayoría de empleados les parece injusta esta medida, pues consideran que sería una “forma punitiva” de quitarles sus empleos, porque para ellos el proceso estaría amañado.