Por Héctor Estrada
Los resultados de la más reciente fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2025 han vuelto a colocar bajo los reflectores al secretario de Educación de Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, conocido políticamente como Roy, cuyo nombre se ha vuelto recurrente entre una serie de asuntos incómodos para la administración pública.
Y es que las observaciones de la ASF a la dependencia que encabeza no son precisamente menores. Se trata de irregularidades por 42 millones 457 mil pesos relacionados con pagos duplicados de nómina. Una serie de anomalías que inevitablemente recuerdan lo ocurrido en la Secretaría de Salud con Omar Gómez Cruz, quien terminó separado del cargo tras los señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
En el caso de Educación, la auditoría número 2025-A-07000-19-0583-2026 ha puesto al descubierto diversas anomalías como: la detección de trabajadores que cobraban simultáneamente en dos o más centros de trabajo ubicados en distintos puntos geográficos; personas que aparecían en las nóminas de gobiernos estatales diferentes; y hasta registros de empleados que ya habían renunciado o fallecido, pero que continuaban generando pagos.
La lista tampoco termina ahí. La fiscalización identificó a 42 personas que, mientras ocupaban cargos de elección popular, también figuraban en la nómina educativa sin acreditar funciones relacionadas con la educación básica o las escuelas normales. A ellas se suman 11 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que recibían pagos por supuestas actividades en centros escolares sin que existiera evidencia documental de que efectivamente las hubieran realizado.
Pero el problema para Mandujano no es únicamente el monto observado. También lo es el contexto político en el que aparecen estos resultados. La Secretaría de Educación se convirtió, junto con la Secretaría de Salud, en una de las dependencias que más cuestionamientos enfrenta por el manejo de los recursos públicos.
Y es que, mientras en Salud las investigaciones ya provocaron la salida de su anterior titular y el inicio de procedimientos contra exfuncionarios, en Educación las nuevas observaciones vuelven a poner sobre la mesa la pregunta sobre quién tendrá que responder por lo ocurrido.
Hoy los rumores de pasillo aseguran que los resultados no han caído nada bien en Palacio de Gobierno. Y aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el secretario de Educación esté en la antesala de una eventual salida, las comparaciones con el caso de Omar Gómez comienzan a resultar inevitables.
Sobre todo, porque no es la primera ocasión en que la dependencia encabezada por Mandujano aparece bajo observación. Apenas en enero pasado, el propio secretario reconoció la existencia de irregularidades detectadas por la ASF, aunque entonces sostuvo que correspondían a la administración anterior… Una explicación que, en su momento, permitió trasladar la discusión hacia el pasado. Sin embargo, el tiempo comienza a convertir ese argumento en una salida cada vez menos sostenible.
Porque una cosa es recibir una dependencia con problemas administrativos, financieros y estructurales heredados, y otra muy distinta es permanecer durante años al frente de ella sin conseguir que las irregularidades dejen de aparecer. Más aún cuando se trata de una institución que concentra una enorme cantidad de recursos públicos y cuya nómina debería ser uno de los primeros mecanismos de control.
Por supuesto, las observaciones de la ASF no constituyen por sí mismas una declaración definitiva de responsabilidades administrativas o penales. Corresponderá a las autoridades aclarar los señalamientos, determinar el origen de las anomalías y establecer si existen responsabilidades de funcionarios de la actual o de anteriores administraciones.
A casi dos años del relevo en la dependencia, resulta cada vez más complicado justificar cualquier nueva irregularidad con el recurrente argumento de las herencias del pasado. Especialmente cuando, hasta ahora, los señalamientos relacionados con la gestión anterior de Rosa Aidé Domínguez tampoco parecen haberse traducido en una rendición de cuentas pública que permita conocer quiénes fueron los responsables y qué consecuencias enfrentaron… así las cosas.
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