Plantea la Consejería Jurídica de la Presidencia no dejar en manos de los impartidores de justicia la decisión de imponer o no la medida cautelar
Agencia Excélsior
El gobierno de la República demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva oficiosa en aquellos delitos que atenten contra la seguridad pública, la tranquilidad de los ciudadanos y los que se relacionen con el crimen organizado.
En un amplio comunicado emitido por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se pidió a los ministros y ministras de la Corte “no dejar en manos de los impartidores de justicia la decisión de imponer o no “dicha medida cautelar ya que elevaría los riesgos y presiones que enfrentan a diario jueces y magistrados.
Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, expuso el comunicado.
De manera específica, el gobierno de México pidió a la Corte que al momento de resolver los asuntos relacionados con la presión preventiva oficiosa “considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, enfatizó la postura.
SE BUSCA EVASIÓN DE LA JUSTICIA
También se insistió en que esta medida cautelar prevalezca para evitar que los presuntos responsables “evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
En el caso de quienes enfrentan acusaciones por crimen organizado, la conserjería jurídica explicó que es fundamental mantenerlos por la gravedad de los delitos e igualmente en el caso de delitos graves del orden común o sean de los de cuello blanco.
La postura del gobierno de México se da en la víspera de que la Suprema Corte resuelva tres recursos relacionados con la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y de cara a la propuesta del ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, de declarar la medida inconstitucional por ser violatoria de los derechos humanos.
