En 2019 se tuvo la cifra más baja en este rubro en dos décadas, con 874 casos, para 2020 se registró un repunte de mil 191 casos, es decir, un aumento de 36.27% en un año
Agencia Excélsior
Uno de los indicadores que sin lugar a dudas son un signo del estado general de cumplimiento de los derechos de las mujeres, es el relativo a la mortalidad materna. Se trata, según lo explicado por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud y por ONU-Mujeres, de uno de los “indicadores síntesis” de la desigualdad, la pobreza y la ausencia de perspectiva de género en las políticas sociales, porque la muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio no es sino el resultado de la combinación de múltiples determinantes sociales de la salud, que condenan a la muerte a miles de mujeres, y en no pocas ocasiones, a sus hijos.
LAS CIFRAS DEL RETROCESO
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, desde 2001 hasta 2019, se había registrado una disminución gradual y muy lenta en el número de defunciones maternas en el país. En efecto, entre 2001 y 2005, el promedio anual de muertes maternas fue de mil 306 casos por año; posteriormente, para el periodo de 2006 a 2010, el promedio anualizado fue de mil 177 defunciones.
Para el periodo de 2011 a 2015 fue de mil 25; mientras que del 2016 al 2020 la cifra fue de 970 decesos de mujeres durante o como consecuencia del parto.
Sin embargo, es importante destacar que mientras que en 2019 se había registrado la cifra más baja en dos décadas, con 874 casos, para 2020 se tuvo un repunte a mil 191 casos, es decir, un incremento de 36.27% en sólo un año.
Con muy alta probabilidad, esto se encuentra asociado a la pérdida de capacidades de atención a la salud en medio del muy deficiente manejo de la crisis epidémica de covid-19, pero también al fracaso del tránsito del Seguro Popular al esquema que ya fue abandonado del Insabi.
UN GRAVE REVÉS
Expresado en términos relativos, el conjunto de datos que se presentan implica que en 2020 se tuvo un retroceso a los niveles de 11 años atrás. En efecto, para el año citado, la razón de mortalidad materna se ubicó en 53.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, es decir, exactamente en el mismo nivel de año 2009, que coincidentemente también fue escenario de otra pandemia, en aquel momento provocada por el virus A H1N1.
Para 2022, la proyección del gobierno de la República es de 48.9 decesos por cada 100 mil nacimientos, la cual sería mucho mayor que la registrada en los años 2010 y 2011, que fueron los inmediatamente posteriores a la otra pandemia. Así, es importante destacar que lo urgente es hacer mucho más para que nuestro país pueda continuar mejorando en este indicador estratégico del desarrollo en nuestro país.
UNA PERSPECTIVA POR EDADES
De acuerdo con los datos del Inegi, en 2020, de los casos registrados de defunciones maternas, el 0.5% correspondieron a niñas de 10 a 14 años; 8.5% ocurrieron entre adolescentes y jóvenes de 15 a19 años; 19.9% en el grupo de 20 a 24; 22.1% entre quienes tenían de 25 a 29 años; 23.1% en el grupo de 30-34 años; 19% entre las mujeres de 35 a 39 años. y el 6.9% entre mujeres de 40 años y más.
LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN
Cualquier retroceso en el ámbito de los derechos humanos constituye una violación grave a la Constitución, en lo relativo a los preceptos de su Artículo 1º. En este caso, además, se da la violación del Artículo 4º constitucional, pues se deja en estado de desprotección a miles de mujeres que, como se observa, llegan a enfrentar la muerte por causas perfectamente prevenibles o evitables. En medio de la pandemia, el país retrocedió 10 años en el indicador relativo a la mortalidad materna, violando así el principio de Progresividad de los derechos humanos. Una situación inadmisible en un país donde, como en el nuestro, se dispone de los recursos para evitar una situación así.
EN ESTO NO HAY HUMANISMO
La definición de un gobierno que se presenta a sí mismo como humanista le obligaría a cumplir por todos los medios y de manera prioritaria, los derechos humanos de la población; garantizarlos implica en esa perspectiva, evitar a toda costa la enfermedad y la muerte evitables. Sin embargo, los datos del IV Informe de Gobierno y los del Inegi confirman que en materia de mortalidad materna el gobierno de la República carece de una estrategia adecuadamente coordinada con la de los estados para proteger a las mujeres que mueren por tener a sus hijos. Sin duda se trata en la inmensa mayoría de los casos de las más pobres.
