Funcionarias, magistradas y activistas promueven que la ley fije que los morosos no puedan acceder a cargos públicos ni de representación popular
Agencia Excélsior
En una sociedad donde el abandono y la irresponsabilidad de los padres hacia los hijos es una conducta normalizada, castigar a los deudores de pensión sigue siendo una demanda del movimiento de mujeres ante la resistencia de organismos del Estado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que salió en su defensa.
Colectivas feministas, diputadas, senadoras, abogadas, magistradas y funcionarias electorales reclaman establecer en la ley que los morosos no podrán acceder a cargos públicos ni de representación popular.
Bajo el argumento de que el abandono económico a los hijos y suspender el pago de pensión es una violencia de género que debe penalizarse, las impulsoras de la plataforma 3 de 3 contra la violencia confían en que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les será favorable y que las reformas en marcha en diversas entidades podrán continuar en el resto de la República.
CONFíAN EN LA CORTE
«Por lo que respecta a las iniciativas de Hidalgo, la Suprema Corte ya falló a favor de que es un requisito válido y, por lo tanto, desechó la controversia de la CNDH”, afirmó Patricia Olamendi, integrante de la Fuerza Política Feminista por los Derechos Humanos Todas México. La abogada adelantó que por lo que respecta a la legislación vigente en Yucatán, el ministro responsable de la ponencia, Alberto Pérez Dayán, ya concluyó el estudio.
Ese estudio tiene que pasar a la Comisión, a la Sala 2 que preside la ministra Yasmín Esquivel. Nosotras ya entregamos nuestro Amicus Curiae en respaldo a la legislación que en Yucatán incorporó la iniciativa 3 de 3 y está por definirse que la enlisten para discusión.
“Creemos que la resolución puede ser similar a la de Hidalgo y que también se fallaría a favor”, confió Olamendi.
INE APOYA
Impulsora clave de esta plataforma desde el Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Carla Humphrey sostuvo que la argumentación de la CNDH de que la 3 de 3 viola derechos humanos de los padres deudores es una interpretación que contraviene el principio pro persona, porque de retroceder en lo avanzado al respecto “perpetuaría la violencia contra las mujeres y la niñez en México”.
Promotora en el INE de convocar a los partidos a que no postulen a candidatos que hayan incurrido en cualquier modalidad de violencia en razón de género, la funcionaria electoral recordó que ya la SCJN resolvió asuntos en los cuales consideró la validez de normas que limitan a los deudores morosos cuando, pues, tiene como propósito “la protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos”.
Sin embargo, en la espera de que los ministros resuelvan al respecto, ante la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH contra las leyes aprobadas por los congresos de Yucatán e Hidalgo, el movimiento afronta un nuevo escollo.
TROPIEZOS LEGISLATIVOS
Se trata de los candados que en los congresos locales y en la Cámara de Diputados se presentan para aligerar el castigo a quienes incurran en acoso, violencia sexual y deuda de la pensión.
En algunos casos, las iniciativas locales para incorporar la plataforma 3 de 3 eliminan la posibilidad de inhabilitar electoralmente a los futuros y potenciales candidatos denunciados cuando la sentencia esté pendiente, como sucedió en Veracruz.
Una redacción similar ha sido propuesta en Cámara de Diputados como parte del dictamen de reforma constitucional para la igualdad sustantiva, en el que incluso se pretende que la penalización también incluya a las mujeres.
La polémica habrá de revivir en los próximos días, toda vez que Morena busca concretar ese proyecto, pendiente desde la legislatura anterior.
Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la diputación de Morena, adelantó que antes del 10 de diciembre se espera concretar ese dictamen que recoge la 3 de 3 contra la violencia para los cargos del servicio público.
ASí NO
«Lamentablemente, ese dictamen está señalando que puedan ser las mujeres también objeto de sanción, lo cual es absurdo, porque la 3 de 3 es para evitar que lleguen agresores, violentadores y deudores, no es una iniciativa contra las mujeres”, alertó Patricia Olamendi.
Articulada bajo la aspiración de que “ningún agresor al poder”, la iniciativa ciudadana que organizaciones como Todas México presentaron en la Cámara de Diputados dista mucho de lo que se busca aprobar.
Las tres medidas contra las mujeres son para proteger a las mujeres. Por lo tanto, no pueden ser condenadas. Es una propuesta para que los hombres no asuman cargos de poder si comenten esas violencias. Y si no se legisla correctamente, no tiene caso que la incorporen”, declaró Patricia Olamendi.
“Por eso ya les pedimos a los diputados que si la iniciativa no va como se está planteando; si sólo será aplicada para quienes ya tienen una sentencia, eso nos bajaría los estándares que ya logramos en otros estados”, advirtió la penalista y consultora internacional en la materia.
Detalló que la redacción propuesta en la iniciativa ciudadana es que los aspirantes a una candidatura “no pueden encontrarse vinculados a proceso, investigación, juicio o condenado mediante resolución o sentencia de una autoridad competente por violencia familiar de cualquiera de sus tipos y manifestaciones; delitos sexuales, con la libertad sexual o violatorios de la intimidad corporal; delitos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, no ser deudor alimentario, salvo que acredite estar al corriente del pago o cancele en su totalidad la deuda”.
La plataforma 3 de 3 avanza en 9 entidades: Hidalgo, Yucatán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Sonora, Guanajuato y Michoacán.
Esperamos el fallo de la Corte para avanzar en los otros estados en los dictámenes que tenemos”, comentó Olamendi.
