Dice que el aval a las Fuerzas Armadas podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a los derechos humanos
Agencia Excélsior
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó las opiniones de sus expertos que señala una posible exacerbación de la violencia en México luego de la validación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El acuerdo (puede) exacerbar el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”, según lo dicho por ONU-DH y sus expertos.
La representación de la ONU en México dijo que los analistas del organismo multilateral mostraron su preocupación porque las Fuerzas Armadas realizan tareas que no les son propias y para las cuales no están entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
Manifestó que la ONU-DH destaca la importante labor de quienes han asumido una postura de defensa y reivindicación de los derechos humanos en torno a la asignación indebida de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas en México.
El consultor y experto en seguridad nacional Ernesto López Portillo Vargas, manifestó por su parte que lo aprobado por la Corte no aplica los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la intervención militar en la seguridad pública.
Dice que esta participación no es temporal, ni subordinada; tampoco está regulada y mucho menos fiscalizada.
México Unido contra la Delincuencia dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad abona en detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con casos específicos en los últimos gobiernos y el actual.
Recordó que la participación de las Fuerzas Armadas durante los últimos 20 años no se ha traducido en una mejor situación de seguridad para el país: “Por el contrario, el despliegue de las Fuerzas Armadas ha ocasionado numerosos casos de violaciones a derechos humanos, en parte, vinculados al uso de la fuerza letal”.
ANTECEDENTE
Cabe recordar que el pasado martes, con una votación de mayoría de ocho votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte validó la constitucionalidad del Acuerdo que autoriza el uso de la Fuerza Armada Permanente, por parte del Poder Ejecutivo, para atender tareas de seguridad pública.
El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat estableció que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en estas labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El acuerdo controvertido también contempla una participación militar fiscalizada, pues está sujeta al escrutinio de órganos internos de control civiles y del Senado de la República, ante quien el titular del Ejecutivo debe rendir un informe que, por sus características de inclusión de datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros, se trata de una actividad de fiscalización efectiva”, explicó.
ACUSAN EXTRALIMITACIÓN LEGAL
Con la validación del acuerdo presidencial por el que se mantienen en las calles las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el rebase presidencial de funciones del Congreso de la Unión, único órgano facultado para avalar una norma constitucional, aseguró Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia.
Lo que se avaló desde el máximo tribunal es que el Presidente de la República lleve a cabo estos actos de emitir acuerdos que dan contenido a reformas constitucionales y que le conferían la facultad de poder sacar al Ejército a las calles a tareas de seguridad pública.
Advirtió que, a pesar de que se trata de una decisión final del máximo tribunal, “sobre la competencia del Congreso y del Presidente”, ésta no zanja la discusión sobre otras controversias constitucionales interpuestas por los estados de Colima y Michoacán, que siguen pendientes”.
Se suma el hecho de que varios tribunales colegiados de circuito han otorgado amparos a organizaciones de la sociedad civil, estableciendo que, efectivamente, “el acuerdo es inconstitucional y no cumple con los criterios establecidos ni por la Corte Interamericana, ni por la Constitución o con la Jurisprudencia de la propia SCJN, de cuándo el Presidente puede hacer uso de la Fuerzas Armadas en las calles, o no”.
La especialista de México Unido contra la Delincuencia, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, enfatizó que la publicación de ese acuerdo, del 11 de mayo de 2020 “no era facultad del Presidente, sino del Congreso de la Unión”, porque el mismo decreto por el cual se crea la Guardia Nacional establece una obligación del Congreso, de emitir cierto número de leyes, entre las que derivaron la ley de la GN; la Ley de Uso de la Fuerza, la del Registro Nacional de Detenciones, etc.
Además, “se tiene una cláusula que no es cerrada, entre ellas, la que tiene el Congreso para emitir cualquier tipo de legislación necesaria para hacer operativa la reforma, que incluye el Quinto Transitorio, por el cual se permite al Presidente usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
Sin embargo, señaló que es necesario acotar que el Presidente no está facultado, lisa y llanamente, para poder utilizar las Fuerzas Armadas.
SE AMPARA MC CONTRA MILITARIZAR
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados interpuso un amparo en contra de la reforma constitucional para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas mediante la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028, avalado hace unas semanas.
Dicho recurso fue presentado por el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien planteó que son inconstitucionales las modificaciones al Artículo Quinto Transitorio.
El amparo interpuesto por los emecistas en San Lázaro argumenta que, los transitorios no se pueden modificar de manera independiente, porque su lógica es establecer la manera en la que las modificaciones a disposiciones de la Constitución entran en vigor y se harán efectivas.
La bancada naranja expuso que modificar los transitorios como lo hicieron los grupos parlamentarios de Morena y el PRI para retrasar que se tenga derecho a la seguridad pública de carácter civil “es un fraude a la Constitución”.
