Arturo Saucedo señaló que se han violentado los derechos culturales de públicos, especialistas, creadores y trabajadores
Agencia Excélsior
Arturo Saucedo, experto en políticas públicas, lamentó que durante la gestión de Alejandra Frausto como secretaria de Cultura se hayan violentado los derechos culturales de públicos, especialistas, creadores y trabajadores de la cultura, ante su desconocimiento y la falta de una política pública por parte de la dependencia.
Se trabajó en la constitución de un sector que vio la posibilidad de tener un ramo autónomo con un presupuesto que se podía negociar a partir de las prioridades de gobierno en un Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, este fundamento se ha omitido ante el desconocimiento de Frausto, Lucina Jiménez y Diego Prieto, titulares de la SC, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, explicó a Excélsior previo a la comparecencia de la titular de la SC ante los legisladores, programada para mañana.
Además, consideró que la actual administración “ha propiciado una precarización extrema del trabajo cultural que ha dado como resultado el cierre parcial de museos, el descuido y deterioro de zonas arqueológicas, la nula educación artística y de formación de públicos, de creadores y, por supuesto, todo esto afecta al país en el desarrollo de las diferentes comunidades creativas y en la tutela de los derechos de autor, de los derechos culturales, así como en la proyección de nuestro país a nivel internacional”.
Saucedo también criticó la falta de rendición de cuentas. “Se tiene menos dinero y se gasta peor. Por ejemplo, la discrecionalidad en el proyecto de Chapultepec, que es el proyecto más costoso en la historia de la cultura en nuestro país, ha sido letal para el sector cultura y, en ese sentido, aún no tenemos claridad de qué se ha logrado con (el gasto) de 10 mil 850 mdp, a partir de un proyecto improvisado sobre las rodillas”.
Cuestionó que Frausto ha omitido el marco jurídico vigente, que obliga a que se elaboren estudios de impacto ambiental, económico y cultural. “Han omitido todos los estudios y se presentó un plan maestro en el portal de Gobierno que firmó el artista Gabriel Orozco, aunque una semana después de la polémica con Arquine, dijo que no era un plan maestro, sino un plan de ideas; y todos esos pequeños fiascos, en realidad se configuran en delitos, porque eso es un fraude”.
A este escenario, dijo, “se suma la ocurrencia de los Semilleros Creativos que presentan el dato de 13 mil niños que ejercen sus derechos culturales, pese a que los derechos son universales y aunque tienen a una experta en derechos culturales como la directora del INBAL (Lucina Jiménez), quien no ha tomado acción sobre el tema”.
Finalmente, aseveró que “los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados no han sido consistentes para hacer valer sus facultades y traer a cuentas a la señora Frausto como merece, porque en este sexenio hemos vivido la peor corrupción, la mayor ineptitud y el mayor despilfarro de recursos públicos con esa voluntad de que la cultura es un ornamento que sólo sirve para hacer negocios privados”.
