Víctor González-Robles ha explorado al menos 200 sitios extraoficiales en México, los cuales no son administrados por el INAH, sino por particulares, comunidades, entidades o municipios
Agencia Excélsior
Como parte del proyecto Limbos arqueológicos, Víctor González-Robles ha ubicado, explorado y registrado al menos 200 sitios extraoficiales en México, los cuales no son administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino por particulares, comunidades, entidades o municipios, a la sombra de las zonas monumentales consagradas.
Así lo perfila González-Robles, candidato a doctor en antropología por la UNAM, quien ha dedicado más de seis años a registrar esos limbos que revelan un vistazo a la riqueza cultural de México que, hasta el momento, ubica la existencia de 54,500 sitios con vestigios arqueológicos y/o rupestres, de los cuales sólo 194 han sido abiertos al público formalmente por el INAH.
“En total, tengo una base de datos con 200 sitios, de los cuales al menos el 50% cuenta con manifestaciones gráfico-rupestres…, y la idea de esta investigación ha sido ver que en éstos no sólo hay una situación de abandono institucional —porque por ahí va la metáfora de limbo—, sino que también concentran muchos otros problemas sociales y, entonces, el patrimonio se vuelve un problema transversal”, comenta González-Robles a Excélsior.
Y agrega: “Lo cierto es que se trata de un patrimonio que, aunque tuviéramos un INAH con 10 veces más presupuesto y más personal, no habría manera de abarcarlo. Por eso Enrique Nalda decía que conservar el patrimonio era una misión imposible”.
¿En dónde se ubican los llamados limbos arqueológicos?, se le pregunta a González-Robles. “Es importante decir que, a diferencia de las zonas que están abiertas por el INAH, que tienen una distribución generalmente homogénea, es decir, que están en el altiplano central, en Oaxaca, en la costa de Veracruz, en el área maya , éstos están por todos lados, incluso en la CDMX tenemos algunos”.
Así que, al recabar la información y realizar las entrevistas con los habitantes cercanos a dichos limbos, brotan temas de discriminación, etnicidad, rezago, marginación, tenencia de la tierra y carencia de servicios públicos, explica.
¿Qué nos dice todo ese patrimonio inexplorado? “Pienso que las visiones patrimoniales están cambiando profundamente y que la introducción de temas como derechos humanos, participación social y desarrollo económico sí han permeado de manera profunda en las comunidades.
“Recordemos que actualmente tenemos un modelo de gestión federal, en el cual los vestigios son propiedad de la nación y sólo ésta es competente para habilitarlos e investigarlos. Sin embargo, creo que en las comunidades estamos viendo un cuestionamiento a la legitimidad de ese régimen patrimonial”.
Sin embargo, González-Robles advierte que este proyecto no busca invitar a las comunidades para que abran sitios arqueológicos ni decirle al INAH cómo debe hacer su trabajo.
“Lo que sí podríamos decir es que quizá sería necesario replantear la manera en como están pensados ese tipo de sitios arqueológicos, ya que, actualmente, la única figura contemplada es la de zona arqueológica abierta al público”, aunque no debería ser la única opción.
Como es de dominio público, “el INAH tiene lineamientos fantásticos para la apertura de nuevas zonas arqueológicas que, por supuesto, implican tener la certeza de la tierra y que estén regularizados los predios a nombre del INAH, porque no se va a invertir recurso en un predio privado”.
Además, existen procesos de investigación y estudio, “pero hay casos como el de Xoclán, en Mérida, donde se puede dar vuelta a la idea, dado que la legislación que tenemos es muy rígida y no corresponde al contexto social de 2024”.
HAY RESERVAS
Entre los proyectos que ha indagado González-Robles está el sitio privado de petrograbados La Proveedora, en Sonora; las pinturas rupestres de El Boyé, en Hidalgo; el sitio de Xoclán, administrado como parque municipal en Mérida, y Yaxuná, una antigua urbe preservada por una comunidad maya.
El caso de Boyé, destaca, los ejidatarios han creado una reserva de seis hectáreas con flora y fauna endémica en pleno Valle del Mezquital, donde se encuentran cientos de pinturas rupestres.
“Por tanto, creo que debemos entender más las visiones locales de conservación del patrimonio, no sólo cultural, sino del territorio y cómo se acomodan a las formas y a los usos y costumbres del lugar”, concluye.
Un sitio en el desierto de Sonora
El sitio arqueológico de La Proveedora es un espacio emblemático del desierto de Sonora, afirma González-Robles, ya que condensa 4,000 años de historia humana.
“Contiene cerca de 6,000 petrograbados, algunos monumentales, y lo que se hizo en ese espacio fue entender la historia contemporánea”, apunta, es decir, vincularlo con las tres actividades económicas del lugar (agricultura, ganadería y minería), que también dan identidad al sitio.
“Lo interesante de este caso de estudio fue entender cómo se logra la visita extraoficial, realizada por privados, y quién interviene, como el gobierno de Sonora y el municipal, que han puesto empeño en que el lugar sea visitado, y ya se ha convertido en uno de los destinos estelares del desierto de Sonora”, destaca.
Cabe señalar que el proyecto arqueológico del sitio es realizado por César Villalobos, de la UNAM, mientras que el INAH trabaja en la elaboración de la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos.
La Proveedora debe su nombre a una mina de cobre muy próspera en la zona, que dejó de funcionar hacia 1930 y se convirtió en un rancho ganadero y en campo de agricultura extensiva.
