Autoridades iniciaron acciones para evitar que se usen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas
Agencia Excélsior
La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) emprendió medidas para que los servidores públicos no utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada del 2 de junio.
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fisel, se reunió con ministerios públicos para revisar los pormenores del resguardo de bienes, que inició ayer y durará hasta el 3 de junio en oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
Enfatizó que los servidores públicos que permitan o usen recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política cometen un delito, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Entre las acciones, instruyó al personal de la Fisel a verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales.
FISEL ACTIVA OPERATIVO PARA PROTEGER EQUIDAD
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República (FGR), realiza acciones encaminadas a evitar que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas, antes y durante la jornada electoral de este 2 de junio.
En reunión con ministerios públicos, el titular de la Fisel, José Agustín Ortiz Pinchetti, revisó los pormenores del operativo que se realiza a partir de hoy, con efectos hasta el 3 de junio, en el que enfatizó que debe evitarse que cualquier funcionario utilice los recursos de las instituciones federales con fines político-electorales y, con ello, generar inequidad en la contienda.
Los representantes de la Fisel, subrayó Ortiz Pinchetti, tienen la tarea de intervenir en las acciones de resguardo, que iniciaron ayer en las oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
Entre las acciones de protección, instruyó al personal de la Fisel a verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales.
El fiscal electoral recordó que los servidores públicos que permitan o usen los recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política, cometen un delito electoral, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos.
De manera previa, la Fisel llevó a cabo una serie de acciones en materia electoral, como cursos de capacitación, distribución de materiales alusivos al operativo electoral, además de mensajes en los recibos de pago de los servidores públicos para que, en caso de detectar un delito electoral, lo denuncien en los Sistemas de Atención de FISENET (http://www.fisenet.fgr.org.mx) y FISETEL (800 833 7233).
De septiembre de 2023 a abril de 2024, la Fisel capacitó a 154 mil 119 servidores públicos pertenecientes a diversas entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, como parte de una estrategia para que conocieran las conductas ilícitas que incluye la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
SEP ORDENA RESGUARDAR INMUEBLES
Previo a la jornada electoral del 2 de junio, la SEP instruyó el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales en todo el país.
La dependencia ordenó a sus enlaces educativos, así como a los titulares de organismos desconcentrados y descentralizados, llevar a cabo el resguardo, así como vigilar que sus recursos no sean utilizados con fines político-electorales, en el marco de la jornada comicial, conforme con lo establecido en los Lineamientos de Blindaje Electoral, por parte de la Fisel.
La medida se aplicará desde hoy hasta la mañana del lunes.
Las acciones, en las que se pondrán sellos en oficinas, bodegas, estacionamientos, inmuebles y vehículos de órganos administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas, son coordinadas por la Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, así como de la Dirección de Edificios Históricos y el Órgano Interno de Control de la SEP.
-Laura Toribio
VOTO JOVEN TIENE EL PODER DE DEFINIR LA ELECCIÓN: UNAM
La UNAM destacó el poder el voto joven para definir la elección del próximo domingo.
En diversos artículos publicados ayer en la Gaceta UNAM, la máxima casa de estudios recordó que, en total, 98 millones 422 mil 731 mexicanos podrán participar en el proceso, y el voto joven, en el rango de 18 a 29 años, aglutina 26 millones 59 mil 618 ciudadanos, lo que los convierte en una de las fuerzas a observar el próximo 2 de junio.
En este contexto, de acuerdo con Enrique Pérez, investigador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, al emitir su voto, los jóvenes, como otros grupos etarios, combinarán los racional con lo emotivo.
Y es que si bien, por lo general se considera que la política es la elección racional por excelencia, los procesos históricos y diversos análisis e investigaciones sugieren que quizá sea la actividad humana más emocional.
Ante ello el investigador explicó que la decisión que se tomará el próximo domingo obedecerá a múltiples razones, como las que tendrán que ver con una carga emotiva derivada de la decepcionante ineficacia de una coalición o un partido, mientras que otras pasarán por un análisis de las propuestas de los candidatos, su capacidad y su trayectoria.
Es un país donde prevalece una deuda histórica con los jóvenes, y este factor también podría pesar a la hora en que éstos vayan a votar”, dijo.
-Laura Toribio
ADVIERTEN DESAPEGO DE LA CONSTITUCIÓN
El Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) afirmó que el proceso electoral 2023-2024 se caracteriza por el desapego de la Constitución y las leyes por parte de las dos autoridades electorales nacionales (INE y TEPJF), los partidos políticos, los aspirantes a candidaturas y el titular del Poder Ejecutivo.
En un reporte de observancia entregado al INE y al Tribunal Electoral, la organización afirmó que todo partió de la violación a los tiempos marcados para las precampañas y que, a partir de ahí, todos los institutos políticos incurrieron en ilegalidades “en cascada”.
A lo anterior se agrega la anómala situación en que han venido funcionando la Junta General Ejecutiva y varias unidades técnicas del INE, así como la Sala Superior y las salas regionales del TEPJF, amén de la situación que impera en los 32 tribunales electorales locales.
A su vez, el proceso electoral se desarrolla en un ambiente muy extendido de inseguridad y hechos de violencia en contra de candidatos, afectando principalmente la renovación de ayuntamientos y la percepción de la ciudadanía sobre el control de las candidaturas por grupos delincuenciales.
