Un informe documenta casos de abuso a menores, cometidos de forma organizada por varios adultos y perpetrados masivamente dentro de las instituciones
Agencia Excélsior
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) actualizó su Informe 2021-2024 Es un Secreto, en el que documenta los casos de explotación sexual infantil reportados en escuelas de México, que muestra un aumento de 18 a 27 planteles en 12 estados, donde se han denunciado situaciones de abuso sexual contra menores, cometidas de forma organizada por varios adultos y perpetradas masivamente dentro de las instituciones.
Aclaró que los casos identificados son notablemente distintos “de los miles de lamentables casos de abuso sexual infantil cometidos por un integrante del personal docente o administrativo en contra de alumnos.
El informe inicial en 2021, sus dos actualizaciones (2022 y 2023), y el actual reporte, 2024, da a conocer que en las agresiones dentro de las escuelas documentadas participan grupos de personas agresoras organizadas para violentar sexualmente a múltiples víctimas en preescolares y primarias. La violencia registrada es inusual y extrema, involucra rituales, escenificaciones, disfraces y constantemente se registra el uso de cámaras durante las agresiones”, advierte.
Mientras en 2021 se contabilizaron 18 escuelas en las que niñas y niños pequeños denunciaban violencia organizada en siete estados del país, en 2024 se ha llegado a 27 casos documentados, en 12 entidades.
Además, a pesar de que en agosto de 2023 la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió una orden judicial que, entre otras exigencias, señala 6 acciones específicas para la no repetición de este tipo de delitos, la dependencia no les ha dado cumplimiento.
Entre otros aspectos, se sigue sin establecer las condiciones institucionales para que sea transparente la plantilla docente y administrativa de las escuelas; y tampoco se pueden conocer los procedimientos de contratación; ni la información de las trayectorias laborales del personal escolar; o espacios seguros dentro de los planteles”.
El Informe actualizado de la ODI hecho público este martes, refiere que, pese a existir una carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía General de la República sobre el total de los casos denunciados en 2021, a 3 años del inicio de esa investigación no se tiene un sólo elemento de información útil para entender cómo, de manera reiterada en diversos estados de la República, se contratan a personas que delinquen conjuntamente dentro de un mismo plantel escolar.
Se trata de casos aparentemente inconexos pero que llaman la atención por coincidencias en el tipo de violencia que describen los niños y niñas. En todos los casos, pequeños de entre 3 y 5 años describen agresiones sexuales graves e inusuales que toman lugar en prescolares públicos y privados. Narran que las agresiones sexuales son cometidas por varios adultos de manera conjunta. Coincide que varios niños y niñas son agredidos de manera grupal, incluso obligándolos a lastimarse entre sí. En múltiples casos, los niños y niñas refieren la presencia de cámaras y el uso de disfraces, algunos describen ingerir algo que les da sueño o la presencia de otros compañeros dormidos”.
Todas estas agresiones habrían sido cometidas por sujetos que se “infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de intendencia” y que pudieran utilizar el material grabado para distribuirlo por internet, se previene.
La ODI asevera que el tipo de violencia que refieren haber recibido los menores tendría que ver con la producción y circulación de material de explotación sexual infantil (penalmente llamado pornografía infantil.
El organismo civil manifestó su preocupación por la falta de acciones para prevenir este tipo de casos o solucionar inquietudes de las familias de las víctimas que han denunciado el uso de salones que se encontraban tapados con tela negra o cartones para alguna actividad como el lugar donde refieren los menores haber sido abusados.
Dentro de un gran número de escuelas públicas hay casas particulares en las que vive el personal de intendencia. Muchas de las denuncias describen que la agresión toma lugar dentro de los domicilios privados a los que se accede desde el interior del plantel escolar”.
