En la sesión que se prolongó por más de siete horas, se elevaron a rango constitucional el programa que en este sexenio se llamó Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros temas
Agencia Excélsior
Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas al dictamen que modifica el Artículo 123 de la Constitución en materia de apoyo a jóvenes, inició anoche la aprobación de las reformas contenidas en el denominado Plan C.
La votación a favor por parte de los 38 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se confirmó para los cuatro proyectos de ley que serán entregados a la próxima legislatura.
En la sesión que se prolongó por más de siete horas, se elevaron a rango constitucional el programa que en este sexenio se llamó Jóvenes Construyendo el Futuro; la pensión de retiro con un monto del 100 por ciento del último ingreso laboral; la determinación de que los incrementos salariales estarán por encima del crecimiento de la inflación y el apoyo diverso a trabajadores para adquirir una vivienda digna.
Al inicio de la sesión, después de las 17 horas, Morena accedió a la propuesta de Acción Nacional para que durante la discusión de los dictámenes también se incorporara la exposición y análisis de las reservas.
El acuerdo original había cancelado esa posibilidad de presentar ajustes en esta fase del proceso parlamentario, una medida que la oposición consideró violatoria a la deliberación democrática que debe prevalecer en el Congreso.
Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados rechazó en todos los casos dar paso a la discusión de las reservas expuestas por PAN, PRI y MC. Solo prosperaron las propuestas de cambio de los diputados de la coalición oficialista.
A propuesta del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), se resolvió, además, que este jueves solo sacarían adelante cuatro de los nueve proyectos de dictamen que originalmente se calendarizaron para esta sesión.
Hubo jaloneos por reclamos de las diputadas Paulina Rubio (PAN), Cynthia López Castro (PRI) y Susana Prieto (independiente) por no presentar las conclusiones de los foros, por dejar hasta el final el dictamen que extingue los organismos autónomos y por excluir de estos cambios al 123 constitucional la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Sin embargo, la tensión pronto quedó superada cuando, a iniciativa del diputado Miguel Rodarte (PAN), se resolvió que sí habría presentación de reservas.
Falta transparentar el padrón
Mientras los representantes de Morena, PVEM y PT destacaron el giro que en la política pública se dio con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al dejar atrás el maltrato a este sector con el mote de ninis, la oposición remarcó la falta de transparencia que ha caracterizado al padrón de esos apoyos.
El dictamen de esta reforma indica que los mexicanos de 18 a 29 años tendrán el respaldo económico del Estado para acceder a la experiencia laboral.
La diputada Laura Haro (PRI) propuso fijar sanciones al uso electoral de los programas sociales porque estos, dijo, “fueron utilizados como moneda de cambio” en las recientes elecciones.
Mari Carmen Bernal Martínez (PT) afirmó que esta reforma es “una muestra más de que este gobierno está preocupado por las nuevas generaciones” y Salvador Caro Cabrera (Morena) remarcó que el objetivo es que “no dejemos atrás a ningún joven del país”.
¿Pensión sin fondos?
El segundo dictamen que salió adelante eleva a rango constitucional el derecho de las personas a recibir una pensión justa equivalente al 100 por ciento de su último ingreso. “¿Cómo se está haciendo? A partir de regresar a pensar los mecanismos para lograrlo”, expuso la diputada Ivonne Cisneros (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social.
Lo relevante, remarcó la morenista, es que el Estado mexicano se aleje de la concepción de que las pensiones son productos financieros supeditados al mercado y a los cálculos mercantiles.
Por el contrario, dijo Cisneros, lo que habrá de quedar inscrito en la Constitución es el compromiso de concretar las modalidades que aseguren pensiones justas, sustentadas en esquemas de subsidiariedad.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) adelantó que el voto de su bancada sería a favor, pero que era necesario alertar que esta reforma, por lo pronto, era una falacia, ya que los fondos para darle viabilidad no existen.
Con esta crítica coincidieron la priista Laura Haro y Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), al enfatizar que los transitorios de esa reforma hacen alusión a recursos como los fideicomisos del Poder Judicial; los que se deriven de la extinción de los organismos autónomos (INAI, IFT, COFECE, CRE, CONEVAL, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Mejora), así como de las incautaciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, del que no se ha tenido una rendición de cuentas.
“Estamos en una especie de limbo; vamos a dejarle al Estado una carga que no pueda ser capaz de subsanar o de atender”, alertó Rodríguez Carrillo.
En respuesta, Morena sacó adelante una reserva que elimina los transitorios relacionados con la procedencia de los fondos, alegando que la propuesta presidencial se presentó en febrero, sin tomar en cuenta que el Congreso formularía posteriormente un fondo exprofeso semilla para impulsar este propósito.
Salario a prueba de inflación
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) recriminó a los representantes del PAN por los señalamientos que ponían en duda la viabilidad de las reformas del presidente López Obrador que, enfatizó, en materia salarial logró un incremento inédito sin precedentes al incrementar en más del 100 por ciento los llamados mínimos.
Expuso el petista que durante los gobiernos neoliberales siempre se antepuso la negativa a la justicia social alegando que esta no era viable y que nadie podía oponerse al hecho de dejar claro en la Constitución que nunca más otras consideraciones se antepondrán a la seguridad de que el poder adquisitivo estará por encima de la inflación.
Los diputados Paulina Rubio (PAN) y Marco Mendoza (PRI) comentaron que las propuestas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores no son exclusivas del partido en el poder ni del presidente López Obrador y criticaron los niveles que la inflación alcanzó este año afectando la economía familiar.
El diputado Leonel Godoy (Morena) apuntaló una reserva que fue aceptada para precisar en este dictamen que la fijación de los salarios mínimos generales o profesionales nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
Vivienda digna
Pasadas las 23 horas, las bancadas fijaron postura en favor de la reforma que plantea la creación de fondos con aportaciones de las empresas en favor de sus personas trabajadoras, generando así un sistema de vivienda con orientación social.
El propósito es que se acceda a crédito barato y suficiente para adquisición o mejora de viviendas, así como para adquirirlas o arrendarlas.
Esta reforma impactaría en el INFONAVIT incorporando la figura de “arrendamiento social”.
Lo anterior implica que la mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
“Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley”, se plantea en el dictamen aprobado a favor por unanimidad.
Al mediodía de este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales retomará la sesión para sacar adelante los dictámenes relacionados con austeridad y vías ferroviarias.
