Deben considerarse impactos por fuga de inversiones y elevación del costo de bienes por disminución de la competencia, alertan
Agencia Excélsior
La reforma al Poder Judicial no sólo plantea un retroceso en elementos clave de la independencia judicial, sino que tendrá elevados costos económicos que no han sido dimensionados, alertó México Evalúa.
En vez de asegurar imparcialidad y objetividad, la elección por voto directo de los jueces generaría incentivos para que las decisiones judiciales sufran presiones externas para beneficiar intereses económicos, políticos o criminales de grupos específicos, es decir, los coloca en mayor riesgo de corrupción, señaló la organización.
Para México Evalúa, las campañas pueden verse empañadas por la intervención de grupos de poder, incluido el crimen organizado. “Lo que deberíamos buscar es un sistema que asegure a la ciudadanía que los jueces cuentan con las capacidades técnicas, habilidades, experiencia previa y un buen desempeño”, abundó.
Además, de aprobarse el proyecto de dictamen se generará incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de contratos firmados por el gobierno, la inminencia de expropiaciones, e incluso el respeto a la propiedad privada.
Entre los costos directos o afectaciones presupuestales, identificó algunos como la cobertura de derechos laborales de los actuales trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales, cuyas plazas serán rescindidas; los costos de organizar una elección de más de siete mil puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a cargos judiciales.
Deben considerarse los costos indirectos o impacto económico del debilitamiento judicial, como son la incertidumbre jurídica y la consecuente fuga de inversiones, la elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión, el costo de paralizar los juicios en curso, el costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales, así como multas por el incumplimiento de tratados, por mencionar algunos”, agregó, e hizo un llamado a considerar el impacto económico de la aprobación de la reforma.
RIESGOS
Incertidumbre jurídica y fuga de inversiones.
Elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia e inhibición de inversiones.
Costos por parálisis de los juicios en curso.
Multas por el incumplimiento de tratados.
PROTESTAS SON PARTE DE UN PODER FEUDAL: MIER
Al sostener que ningún paro de labores frenará la reforma, el jefe de Morena en Cámara de Diputados, Ignacio Mier, atribuyó las protestas a “esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, a través de magistrados y jueces”.
Afirmó que si, por el contrario, “se olvidan de intereses ajenos a garantizar justicia en México, seguramente ese paro será levantado”.
Cuatro días después de que se dio a conocer el documento de dictamen que habrá de aprobarse el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales, el líder de la mayoría reiteró que los derechos de los trabajadores serán respetados.
Admitió el senador electo que “hay una discrepancia de algunos trabajadores”, misma que calificó de normal y natural, toda vez que, remarcó, “el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan, tiene una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces”.
Según Mier Velazco, “ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores”.
Y, en ese contexto, el coordinador de la diputación morenista pidió a quienes están en paro “que lean perfectamente bien el transitorio décimo del dictamen, donde se establece con precisión que no hay ninguna posibilidad, ni lo haría nuestro movimiento, de violentar derechos adquiridos”.
Al ser interrogado respecto a si podría abrirse un espacio de diálogo con los inconformes, fue enfático en responder que ha llegado la hora de legislar porque, ya en su momento, “se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo”.
Argumentó que cuenta con “la opinión de 40% de los otros trabajadores que han realizado en carrera judicial ocho exámenes para ser promovidos de jueces a magistrados, o de secretarios que han hecho ocho exámenes para ser promovidos como jueces, y en las vacancias, finalmente en los exámenes de oposición, lo que prevalece no es sólo el puntaje, sino quienes tienen un padrino arriba”.
Mier sostuvo que “eso se va a acabar” porque con la reforma en puerta se va a respetar la carrera judicial de quienes siguen a la espera de un ascenso.
-Ivonne Melgar
