Colectivos afirmaron que la presidenta de la Comisión no cumplió con compromisos y llamaron al Senado a nombrar al frente a una persona que no milite en algún partido político
Agencia Excélsior
Frente a los senadores, 12 de 13 colectivos de derechos humanos criticaron el papel de la CNDH en los últimos cuatro años y pidieron de manera expresa que el Senado no opte por la reelección de su actual titular, Rosario Piedra Ibarra, y nombre a una personas, que no sea militante de partido político alguno y recupere el poder de la Comisión, de proteger a las víctimas.
Ángela Guerrero Alcántara, de CEA Justicia Social, consideró que antes de darse una reelección en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay que llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas de la actual titular para saber qué se hizo y qué no se hizo, pues, más allá de pugnas políticas, no se cumplieron con compromisos que Piedra Ibarra hizo al presentar su plan de trabajo en el Senado.
Marcia Itzel Checa Gutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas, afirmó que al estar el país en una “crisis en derechos humanos”, el nuevo titular de la CNDH no debe tener conflictos de interés ni vínculos con hechos de corrupción; además, debe ser independiente del gobierno o de partidos políticos y demostrar imparcialidad en el ejercicio de sus funciones e integridad pública.
María Vega, de México Unido Contra la Delincuencia, explicó que el perfil del o la nueva titular de la CNDH debe ser: “idónea, independiente, responder a la realidad social, cercana a las víctimas, que en su trayectoria haya demostrado un compromiso inquebrantable en la defensa de los derechos humanos, valiente y dispuesta a señalar sin titubeos a aquellas instituciones o personas responsables de violaciones a los derechos”, pues la Comisión no puede ser un ente “pasivo”.
Laura Paredes Chamu, del Colectivo Todas y Todos por los Derechos de Michoacán (Todehumi), exhortó a que el perfil del nuevo o nueva presidenta de la CNDH sea sin fines partidistas, y que, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, “no a la reelección”, pues sería “incongruente” para el partido en el poder postular un perfil cercano, en lugar de restaurar la autonomía e independencia del organismo.
Del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de los Pueblos, Yaqueline Daniela González López afirmó que los participantes idóneos deben tener títulos universitarios correspondientes, estar altamente calificados, que hayan sido activistas o periodistas y que tengan vínculos con la sociedad, para que las respuestas a las quejas sean más expeditas.
María Sirvent Bravo Ahuja, de la Organización Documenta A.C, afirmó que se requiere de una persona que asuma con independencia la conducción de la institución; que ponga en el centro a las personas y sus necesidades; que garantice que la justicia sea efectiva para quienes necesiten acceder a ella y que investigue de manera exhaustiva, pues “las violaciones a los derechos humanos no son cosas del pasado”.
Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, dijo que se requiere de una nueva titularidad proactiva, concentrada, autónoma y cercana a las víctimas, por lo que “no acompañamos la idea de la reelección de la actual titular”, no por un tema de personas, sino por la naturaleza del organismo y porque es indispensable un perfil independiente, autónomo y de contrapeso.
Por Artículo 19, Pedro Cárdenas Casillas, indicó que quien asuma la titularidad debe ser apartidista, independiente, con la noción de que la libertad de expresión no es una gratuidad, sino parte del ámbito democrático; así como, tener conciencia de la impunidad que hay en el país y de la violencia que vive la prensa y los periodistas.
Las organizaciones Yaaj México, Red Gaylatino Capítulo México, Mexiutipic, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Colectivo Todehumi, también se pronunciaron en contra de la reelección y sólo Jorge Alfonso Victoria Maldonado dijo que su organización no advierte elementos de restricción para que Piedra continúe al frente de la CNDH, ya que perciben avances medibles y verificables, además del cumplimiento de la ley.
