Agencia Excélsior/XALAPA.
En los últimos seis años, Veracruz se ha convertido en un territorio de disputa entre poderosos grupos criminales que buscan controlar zonas estratégicas del estado, como rutas de tráfico de drogas y migrantes, al amparo y permisividad del gobierno estatal liderado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Para nadie es un secreto que la entidad ha sido escenario de una escalada de violencia que incluye matanzas de las más sangrientas en la historia reciente de México.
Entre los hechos más notorios está el ataque al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, en 2019, con un saldo de 31 muertos. En Minatitlán, en el mismo año, 14 muertos, y Las Choapas, en 2021, la masacre que dejó 12 víctimas.
Las más recientes, en 2023, ocurrieron en Tihuatlán, con siete víctimas, y la de San Juan Evangelista, que cobró la vida de nueve personas que fueron ultimadas, investigaciones de las autoridades que sólo se limitan a “venganza entre grupos criminales”.
En entrevista para Grupo Imagen, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, dijo que la situación de violencia en la entidad es crítica; incluso, desde el inicio de la administración de García Jiménez se declaró una crisis humanitaria por violaciones a los derechos humanos, con una creciente cantidad de personas desaparecidas y un sistema judicial que apenas investiga estos casos.
“Específicamente en Veracruz hay un reconocimiento expreso de una situación, digamos compleja en materia de derechos humanos, si seguramente ustedes lo recordarán, al inicio de este Gobierno que está ya por concluir hubo una declaratoria de crisis de emergencia por crisis humanitaria, por violación a derechos humanos”.
Violaciones a los derechos humanos que reciben diariamente los familiares de las víctimas de desaparición y desaparición forzada que se tiene en la entidad, prueba de ello son las decenas de fosas clandestinas, incluida la que está considerada como la más grande del país conocida como La Guapota en el municipio de Úrsulo Galván.
Para Marcela López del Colectivo por la Paz Xalapa, las autoridades ministeriales, son omisas en todo lo que tiene que ver con la recolección de muestras de ADN de los restos de cuerpos que están en las fosas clandestinas qué no han sido procesados hasta el momento.
“Hay cuerpos que se han encontrado en fosas clandestinas desde hace varios años, hablando de no sé, 2022, 2023 y que hasta la fecha de hoy no han sido todavía procesados”.
En paralelo, la presencia de al menos 15 grupos criminales –como Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación, la banda del Bukanas, Zetas Vieja Escuela, Los Piña, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Grupo Sombra, Los Ántrax, Cártel del Siglo, Cárteles Unidos, Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana, Templarios– ha incrementado la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y otros delitos.
La situación también impacta el transporte de carga de acuerdo con Antonio Treviño Flores, presidente de la Asociación de Transportistas del Puerto de Veracruz, los transportistas se enfrentan hasta 60 robos diarios en las carreteras de Veracruz.
“Hoy tenemos un el flagelo del robo y asaltos de manera constante. Las estadísticas hablan de 60 robos por día, más o menos de mil 800 robos que se dan al mes, y ahora sumamos el daño colateral que estamos sufriendo, pues cuando se dan los embates o los enfrentamientos entre la delincuencia”.
Protección
El Departamento del Tesoro de EU informó sobre la operación de, al menos, 26 empresas en Veracruz vinculadas al CJNG y que protegen autoridades del gobierno de Veracruz.
