Christian González | Tuxtla Gutiérrez
Miguel Hernández Hernández se había dedicado al campo durante casi toda su vida en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; sin embargo, el 26 de junio de 2019, un grupo de hombres armados y encapuchados lo interceptó, lo subió a un automóvil gris y, durante varios días, lo mantuvo desaparecido.
El 7 de julio de ese año, cuenta Alfonso Hernández, hermano de la víctima, Miguel se comunicó con ellos: les sugirió que no se preocuparan porque estaba “bien”. Cuatro días después, apareció en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
De acuerdo con su versión y como quedó plasmado en la carpeta de investigación, al agricultor lo acusaron, en primera instancia, de haber protagonizado un accidente automovilístico y tenía que reparar los daños ocasionados, cuando él no poseía un coche.
“Le dijeron que, si no lo hacía, que lo matarían, pero, ¿cómo se iba a ser responsable si no tenía nada qué ver?”, revela el entrevistado, quien asegura que, cuando leyeron el expediente, se dieron cuenta de que a Miguel le “cambiaron” el delito, e incluso le aumentaron otro: se trataba de un secuestro y posesión de estupefacientes.
La situación empeoró porque, según comentan los familiares de Miguel, ese plagio de una supuesta persona originaria de Tuxtla Gutiérrez, se cometió después de su captura (1 de julio), e incluso la supuesta víctima apareció el día 3 de este último mes de ese 2019.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada De la Libertad (ENPOL), presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2021, a nivel nacional, de las personas que estaban prisioneras, 43.9 por ciento señaló que el motivo de su reclusión actual es por haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito, mientras que 40.9% fue recluida tras declarar que cometió un ilícito.
Además, se estima que 23% de la población privada de la libertad señaló que su detención se realizó en la calle, sin orden de detención, mientras que 22.9% manifestó que fue inmediatamente después de haber cometido el presunto delito.
VIVIÓ UN MARTIRIO
Antes de llegar a prisión, durante los días que estuvo desaparecido, Miguel fue sometido a tortura física y psicológica. “Lo amenazaron a punta de pistola para que se echara la culpa, pues de lo contrario, matarían a toda la familia”, revela.
Lo peor de todo es que el agricultor, de 34 años de edad, era el proveedor de sus dos hijos y esposa quienes, desde hace ya cinco años, sufren por su ausencia.
“Él sembraba maíz y frijolito. Mi hermanito siempre ha sido un hombre tranquilo, no se mete en problemas, es diácono de una iglesia adventista; de hecho, todos nosotros llegamos a la iglesia”, detalla.
A pesar de que se metió un juicio de amparo directo (440/2022) para buscar su libertad, debido a que recibió una sentencia de 50 años de cárcel, sus seres queridos aún están en espera de una resolución para saber si saldrá o no del Cerss 5.
ENEMIGOS CERCANOS
Tras descartar que los civiles armados que se llevaron a su hermano eran parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), expuso que de hecho esas personas, algunas plenamente identificadas, radican en la misma localidad que ellos.
De hecho, afirma que su cuñada y otro de sus hermanos vieron cuando Miguel era llevado a la fuerza. Incluso, recibieron amenazas de los sujetos para que no dijeran algo.
De acuerdo con Alfonso, su hermano Miguel sirvió como “chivo expiatorio” para que el hermano de uno de sus secuestradores fuera liberado de la misma prisión en donde ahora está él; “lo cambiaron, por así decirlo, pero bajo esas amenazas”.
Al campesino se le ha complicado su situación porque no habla bien el castellano, sino que predomina su lengua indígena, el tsotsil, además de que no sabe leer ni escribir.
Asimismo, revela Alfonso, un magistrado (identificado como Octavio “P. P.”) les pide 1.5 millones de pesos a cambio de la libertad de Miguel, pero no tienen dinero, ni cómo conseguirlo.
Insiste en que el panorama es complicado, pese a que dos magistrados ya “dieron el visto bueno” de que su hermano tiene que quedar libre, debido a que las pruebas así lo revelan.
A pesar de que han buscado el apoyo de otros organismos, entre éstos la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no han obtenido ayuda. “Lo que hemos concluido es que a mi hermano le fabricaron los delitos, así fue, sin duda”, cuestiona Alfonso.
MÁS DATOS
La ENPOL destaca que el 64.5% de esa población mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público.
Mientras que 45.8%, se evidenció, señaló haber sido incomunicada o aislada después de la detención; el 39.2% manifestó haber sufrido amenazas con levantarle cargos falsos.
Entre otra información, el 48.6% mencionó haber sufrido algún tipo de agresión física después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. El 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas, señaló que recibió patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
