Por: Mtro. Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes
Después de 33 años de las modificaciones al artículo 27 constitucional, en 1992 nació la Procuraduría Agraria que sustituyó, en algunas de sus funciones, a las promotorías agrarias que dependían de la Secretaría de la Reforma Agraria. 33 años de vida institucional se dicen pocos, o parecen pocos, sin embargo, es toda una generación. Una generación que se suma a aproximadamente dos generaciones anteriores más que dieron vida a los ejidos y las comunidades agrarias del país. Por ello es momento de replantearnos y evaluar hasta a dónde hemos sido eficaces y eficientes en la atención de las necesidades de los más de 32 mil núcleos agrarios del país, quienes ostentan 100 millones de hectáreas aproximadamente, lo cual representa 51% del territorio nacional, cuyos titulares de manera individual suman 5.5 millones de sujetos agrarios.
Si bien la Procuraduría Agraria nace como un defensor especializado de los derechos humanos de los sujetos agrarios, principalmente se ha enfocado, por una parte, en la conciliación agraria y la representación legal ante instancias jurisdiccionales para resolver problemas tanto individuales como colectivos. Y por otra, en el gran proyecto salinista de 1992 de certificar la propiedad social, el cual consiste en medir todos los núcleos agrarios del país y expedir los correspondientes títulos y certificados de derechos parcelarios; lo cual abre las puertas a la inversión privada y a la desincorporación de las tierras ejidales y comunales para convertirlas en propiedad privada. Al respecto, actualmente 6% de las tierras de propiedad social se han desincorporado de este régimen y se han convertido en dominio pleno, es decir, propiedad particular. Lo anterior ha sido una especie de “certificar para rematar”. Este porcentaje corresponde a tierras con recursos naturales, con potencial turístico e inmobiliario.
En esta nueva administración pública federal, encabezada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, por primera vez, en más de 40 años, se vuelve la mirada a la propiedad social, ejidos y comunidades agrarias, a su rescate, defensa y revalorización. Primeros conceptos que ha delineado el Procurador Agrario, Ingeniero Víctor Suárez Carrera, quien impulsó en fechas recientes un foro temático sobre los ejidos y las comunidades en el marco del segundo piso de la Cuarta Transformación para dar lugar a su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. La idea central de una nueva Procuraduría Agraria es transformarla en una institución que, además de la defensa de los derechos humanos de los sujetos agrarios, incluya la organización socioeconómica y cultural de los núcleos agrarios a efecto de que puedan desarrollarse como entes de interés público, dada su importancia y aportación a la sociedad urbana.
Esta asignatura pendiente de la Procuraduría Agraria debe partir de un diagnóstico, donde se estudie el estado actual de la propiedad social después de 33 años de políticas neoliberales, que han intentado dejar a este importante sector de la población en manos solamente del mercado. Viendo como mercancía, y solo como mercancía, la tierra ejidal y comunal.
El gran reto de la transformación que ha planteado el Procurador Agrario para dar lugar a una nueva Procuraduría Agraria pretende involucrar a los servidores públicos de la institución y convertirlos en organizadores agrarios. En este sentido, se privilegia la organización socioeconómica, considerando que en nuestro país los núcleos tienen al menos un recurso natural aprovechable.
Es una gran apuesta abordar la idea central del rescate, defensa y revalorización de los núcleos agrarios, pero como lo ha expresado el Ingeniero Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario, “es el momento, y no hay otro para revertir una política pública del despojo de la propiedad social en México”.
Dar vida a una nueva Procuraduría Agraria implica la participación de todos los órdenes de Gobierno y de la sociedad urbana, así como de los sectores industriales de todo tipo. No puede haber sociedad urbana sin una sociedad rural con opciones de desarrollo personal y colectivo dignos.
